POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
La organización civil Pro Justicia indicó que los diputados cambiaron los objetivos principales de la iniciativa original de la Ley de Aceptación de Cargos, que presentó en 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al aprobar enmiendas que desnaturalizaron la normativa, esto a su vez ocasionó una impunidad solapada a favor de los acusados que acepten los cargos a cambio de una reducción de la pena del 50%.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que los diputados actuaron de manera espuria al aprobar las enmiendas que cambiaron algunos aspectos del proyecto de ley original.
La iniciativa de reformar el Código Procesal Penal fue consensuada entre la CSJ, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Defensa Pública Penal, durante el 2016 y 2017, con el fin de reducir la mora judicial, así como de agilizar los procesos, reducir los tiempos y hacer una economía procesal, todo ello para mejorar la administración de justicia, detalló Ibarra.
La consultora explicó que, al reducir la mora judicial, significaría que se descongestionarían los casos que están pendientes de resolución, y esto a su vez ayudaría a descongestionar las cárceles, ya que los casos judiciales de las personas que guardan prisión preventiva se resolverían en un menor tiempo.
“Todo iba bien, hasta que se aprobaron las enmiendas con el fin de otorgar beneficios a cambio de nada, ya que la propuesta original establecía que el derecho premial se otorgaría si el acusado declarara como testigo para ayudar al esclarecimiento integral de los casos, sin embargo, esta disposición fue eliminada por los diputados”, declaró Ibarra.
OTORGA IMPUNIDAD SOLAPADA
La entrevistada indicó que de no impugnar la ley, esta cobrará vigencia, una vez en vigor, va a favorecer a muchas personas que están en procesos penales pendientes de llegar a juicio, esto enviará un mensaje de fraude, ya que, si bien habrá sanciones, estas serán mínimas.
“Hay una administración de justicia –contemplada en la ley–, pero que en el fondo no es una verdadera administración de justicia, sino es una impunidad solapada que agiliza los procesos judiciales”, dijo Ibarra.
La consultora de Pro Justicia añadió que la ley al beneficiar a los implicados en casos judiciales provocará una falsa idea de justicia que esconde impunidad.
“Esta ley desnaturalizada favorece a delincuentes de toda índole y no solo a los que están implicados en investigaciones de la FECI, esto es de alcance muy amplio y general que afectará a la sociedad”, agregó Ibarra.
BENEFICIA A DIPUTADOS NO REELECTOS
La entrevistada también dijo que esta ley podría beneficiar a los diputados no reelectos que han sido señalados en investigaciones judiciales, ya que, el próximo año pierden su inmunidad, y podrían enfrentar una investigación judicial.
