Por Denis Aguilar
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló hoy que las reformas aprobadas ayer al Código Procesal Penal por el Congreso de la República no son positivas por la forma en que el Legislativo las aprobó.
“Las reformas no son positivas en la forma que fueron aprobadas, sino por el contrario lo que afecta de alguna manera o desmotiva en por ejemplo los procesos de colaboración, que aquí únicamente se van a reconocer los hechos que se imputan y de alguna manera se niega la oportunidad de conocer algunas otras personas que pudieran estar involucradas”, dijo Sandoval.
El Fiscal explicó que aunque no se está eliminando la figura del colaborador eficaz, sí se está desmotivando en el sentido de que los imputados pueden optar a la aceptación de cargos, restando motivación a la figura de colaborador.
Además, Sandoval indicó que las personas que actualmente no están en una etapa de juicio pueden optar a los beneficios que ofrece la aceptación de cargos.
“Lo que habría que analizar profundamente es si acaso eso lo que afecta es los avances que han habido en materia de política criminal en los últimos tiempos, en el combate a la criminalidad organizada y con respecto de no solo a la aceptación que pudiera existir al propio proceso, sino también al tema del resarcimiento a las víctimas de delitos”, aseveró.
No obstante, Sandoval explicó que como fiscalía les corresponde acatar la ley, pero aseguró que existen los mecanismos para accionar contra las reformas aprobadas ayer por la noche al Código Procesal Penal.
Por su parte, Julio Cordón Aguilar, secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), dijo que por ser un tema nuevo el ente investigador aún no puede emitir una postura al respecto, por lo que estarán a la espera de lo que disponga la fiscal general, María Consuelo Porras, quien actualmente está fuera del país.
Ayer, el Congreso de la República aprobó sin ninguna discusión ni objeción la Ley de Aceptación de Cargos, que reforma el Código Procesal Penal, con lo que se otorga rebajas a las penas hasta un 50 por ciento si se acepta haber cometido faltas, donde se incluyen delitos de lavado de dinero y otros activos, así como los que establece la Ley del Crimen Organizado, Ley Contra la Corrupción y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero.
