Francisco Cáceres Barrios
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Hace algún tiempo se emitió una disposición legal por medio de la cual se obliga a los transportistas de vehículos pesados a instalar un dispositivo que impida el exceso de velocidad mayor de los 80 KPH, lo que tantos accidentes ha ocasionado, pues sus conductores en la ciudad, en poblados y no digamos en carreteras cometen constantemente esta infracción a la Ley de Tránsito. Se les dio el tiempo necesario para cumplir con la misma tal y como ha ocurrido en otros países en donde ya es una práctica común. Esta práctica, no solo evita muchas desgracias, sino genera beneficios a los mismos propietarios, pues la mayoría de veces por el enorme abuso de la velocidad de los conductores terminan los vehículos convertidos en chatarra.
Además del tiempo necesario para hacer las instalaciones las autoridades les han estado recordando la obligatoriedad de cumplir con esta disposición, sin embargo, cuando está por finalizar el plazo que obliga a los transportistas extraurbanos y de carga a que instalen este control de velocidad, la Cámara de Transportistas Centroamericanos anunció recientemente que no están dispuestos a hacerlo, amenazando con realizar un paro nacional del transporte a partir del 14 de noviembre del año en curso, lo que da como resultado no solo una mala actitud del gremio, que se caracteriza por incumplir constantemente todo tipo de medidas preventivas de accidentes, sino también de adoptar una arrogante postura que además de ser anárquica es irresponsable, pues tan mala reacción produciría grandes daños para la economía y seguridad nacional, cuando a todos consta que este tipo de vehículos son causantes de primer orden de los accidentes provocadores de innumerable cantidad de heridos, la pérdida de vidas humanas y los consecuentes daños y perjuicios a la sociedad.
Ninguno de los argumentos esgrimidos por los transportistas son válidos para no cumplir con instalar el mencionado dispositivo, pues no es cierto que daña los motores o que el mismo “no es funcional”, sin demostrarlo fehacientemente pues si fuera cierto ¿cómo es posible que tantos países lo hayan estado utilizando, sí les ha funcionado y han logrado reducir el número de accidentes? Por todos es sabido que los precios de los vehículos de transporte pesado son cada vez más costosos, sin incluir las plataformas y las carrocerías montadas sobre los mismos ¿entonces, por qué no protegerlos? Por otra parte, ¿no es justo evitar los daños y perjuicios que han ocasionado a la población guatemalteca, aparte del daño económico y social que ocasionan por la enorme cantidad de víctimas humanas perjudicadas y perdidas?
A estas alturas no hay un solo guatemalteco que no se queje de las autoridades constituidas por no cumplir con sus deberes, ¿entonces cómo es posible que cuando están haciendo las cosas correctas y debidamente, por el prurito de llevar la contraria se opongan, sin al menos proponer sustituirlas por viables opciones o alternativas? ¿No les parece que ya es tiempo de cambiar?
