Por Jorge Santos
Una gran mayoría de diputados y diputadas de la actual legislatura pasarán a la historia como lo peor de la esencia de la Alianza Criminal. Esto no es para menos cuando en los 4 años de ejercicio parlamentario han dado suficientes muestras de su capacidad para corromper todo lo que tocan, su plena adhesión a lo más turbio del país y por supuesto han sido el ejemplo de servilismo hacia los poderes fácticos en Guatemala.
Más de cien diputados y diputadas lideradas por oscuros y corruptos personajes de la talla de Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, Estuardo Galdámez, Javier Hernández, Manuel Conde, Fernando Linares Beltranena, entre otros han impulsado una agenda legislativa tendiente a garantizar los históricos privilegios de un pequeño grupo de la sociedad, aunque esto implique someter a la sociedad a los peores niveles de represión, exclusión e inequidad.
Lo peor lo hemos visto desde septiembre de 2017 cuando una gran mayoría del Congreso de la República aprobaron los dos decretos pro-impunidad, pero desde ese entonces a la fecha esta legislatura ha seguido al pie de la letra los designios que emanan desde el Mariscal Zavala o desde onerosas oficinas de la oligarquía guatemalteca. Sin embargo, una de sus peores acciones lo constituye la aprobación de una Comisión ilegal, para investigar falaces acusaciones vertidas hacia la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. Con serias acusaciones de pagos a algunos de los 82 diputados y diputadas que aprobaron esta infame Comisión y con una resolución de la Corte de Constitucionalidad declarando la ilegalidad de la misma, la Junta Directiva del Congreso, pero en particular su Presidente, insisten en mantener el delito cometido y sin lugar a dudas continuar con su afán de borrar los importes logros en materia de justicia, impulsados por la CICIG en el país.
Ante esta Comisión de la mentira, han desfilado supuestas víctimas de la CICIG, desde personajes vinculados al pago a una banda de sicarios para asesinar a su primo, pasando por familiares de prófugos de la justicia hasta alcanzar a condenados por corrupción, tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero y hasta ejecuciones extrajudiciales. El único objetivo de esta ilegal Comisión, es brindar la posibilidad de borrar del imaginario social, los importantes logros de la CICIG en el país, retrotraer lo que la sociedad guatemalteca, tiene hoy muy claro, con nombres y apellidos, a quienes conforman lo más podrido y rancio de nuestra sociedad, los corruptos y corruptores.
Esta podrida esencia, saca a sus peores peones para arremeter contra el Procurador de los Derechos Humanos. Hoy estos diputados y diputadas, junto a 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretender ahogar, limitar y hasta obstaculizar la labor de uno de los pocos funcionarios que desde la honestidad ha cumplido con su labor. Sin lugar a dudas, este Congreso pasara a la historia como el peor y más corrupto de los Congresos de la historia.
