Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Cuando terminó el gobierno de Alfonso Portillo se presentaron varias acciones penales en su contra pero en su favor operaba el artículo 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que otorgaba a los integrantes de ese foro regional las mismas inmunidades y privilegios que corresponden a los diputados de los respectivos Congresos de las Repúblicas que conforman el Parlacen. En virtud de esas inmunidades no procedía la persecución penal en contra del expresidente de Guatemala porque por virtud del mismo tratado, inmediatamente pasó a formar parte del mismo.

Ello sirvió para que se presentara una acción de inconstitucionalidad, cuyo efecto está vigente, en contra del artículo 27 del Tratado Constitutivo y la Corte de Constitucionalidad, en aquel momento, resolvió procedente la acción y dejó sin efecto lo que se refiere a la inmunidad de los guatemaltecos que conforman el Parlamento Centroamericano, tomando en cuenta, sobre todo, que se trata de una entidad que no emite resoluciones que tengan efecto vinculante y por lo tanto no es necesaria la protección que la legislación y la Constitución de nuestro país ofrece a los miembros del Congreso.

Hoy en La Hora se publica un detallado trabajo con respecto a ese tema en particular, tomando en cuenta que el próximo 14 de enero termina la inmunidad que ha gozado el señor Jimmy Morales en su calidad de Presidente de la República. Una vez formalizado el traspaso de poder a su sucesor, Alejandro Giammattei, pierde la inmunidad inherente al más alto cargo del país y aunque tomara posesión inmediatamente como diputado del Parlamento Centroamericano, no gozará más de ese privilegio por virtud de lo resuelto específicamente contra Alfonso Portillo y Reyes López en aquella época cuando en contra de quienes habían sido Presidente y Vicepresidente se desataron una serie de procesos que finalmente los llevaron a prisión preventiva y en el caso de Portillo a su extradición a Estados Unidos.

Por supuesto que en aquella ocasión hubo enorme regocijo en los mismos sectores que ahora seguramente van a cuestionar ese fallo de la Corte de Constitucionalidad porque, casualmente, los que querían preso a Portillo son los que ahora se deshacen en alabanzas para el régimen de Morales, a quien pintan como un auténtico paladín de la Patria en cada declaración que emiten. Y lo hacen sin el menor empacho pese a que privadamente reconocen las carencias, debilidades y crasa ignorancia de ese gobernante, pero no pueden dejar de ensalzarlo públicamente en agradecimiento por lo mucho que hizo para acabar con la lucha contra la impunidad.

Cierto es que aunque no goce de inmunidad, todavía tiene garantizada la absoluta lealtad de la Jefa del Ministerio Público que, como ya sabemos, es muy eficiente y rápida para ordenar que se preparen ciertos casos mientras que otros los puede ir retrasando hasta asegurar que el implicado (o implicada) tenga ya la garantía de gozar del derecho de antejuicio que otorga la inmunidad. Pero como los puestos no son eternos, es importante conocer la situación y saber que, por virtud de una inconstitucionalidad formalmente decretada, los diputados del Parlacen no gozan de inmunidad.

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