Contrario a la visión apocalíptica que se encargaron de propagar algunos alfiles importantes de la Corporación de la Impunidad, jefa suprema del Pacto de Corruptos, la Corte Suprema de Justicia emitió la normativa para que en tanto se elige a los nuevos Magistrados de esa instancia y de las Cortes de Apelaciones, los actuales continúen en sus cargos, dando así validez a la opinión que fue emitida por la Corte de Constitucionalidad respecto a la ruta a seguir luego de que, por los vicios en el proceso de las postuladoras, se produjo un amparo provisional que ordena rectificar procedimientos.
Eso significa que no hay ruptura del orden constitucional ni sobresalto en el tema de la administración de justicia, como vaticinaron esos corifeos del apocalipsis. Simplemente se tiene que enmendar el proceso para que la elección discurra, por lo menos, de acuerdo a las normativas legales. Es cierto que las mismas tienen aberraciones que facilitan el funcionamiento de lo que se ha demostrado como “comisiones paralelas de postulación”, pero al menos tienen la obligación de respetar y enmarcar sus actuaciones en lo que dice la ley.
Y ahora queda pendiente que el Consejo de la Carrera Judicial haga las evaluaciones de conformidad con el marco de legalidad y eso los obliga a actuar con un reglamento que desarrolle los preceptos de la ley ordinaria. Es responsabilidad de ese Consejo no haber emitido el reglamento oportunamente y esa es la causa esencial del retraso en el proceso de postulaciones porque no hay forma de que se pueda designar a ninguno que es parte de la carrera judicial dentro de los postulados si previamente no se le evalúa cumpliendo todos los requisitos.
La fantochada irresponsable e ilegal de ese Consejo cuando anunció que haría las evaluaciones a rajatabla es lo que ha dado lugar a que sean señalados de ilegalidades y que se haya enviado la documentación al Ministerio Público para que investigue la posible existencia de delito que debe ser perseguido.
