Por Jorge Santos
Estos últimos meses han sido especialmente duros para quienes desde una posición ética, honesta, íntegra y apegada al Estado de Derecho, realizan su labor como funcionarias y funcionarios de nuestro Sistema de Justicia. Me refiero a magistradas de la Corte Suprema de Justicia como Delia Dávila, María Eugenia Morales, a las juezas Erika Aifán, Yassmin Barrios, Sara Yoc o los jueces Miguel Ángel Gálvez, Giovani Ruano, Pablo Xitumul y otros o bien a magistrados de la Corte de Constitucionalidad Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía o la magistrada Gloria Porras. Pero también el magistrado de conciencia Jordán Rodas y por supuesto las y los fiscales del Ministerio Público, en particular la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, son entre otros a quienes les debemos que este Sistema no este tirado por la borda, beneficiando criminales y delincuentes.
Y es que la Alianza Criminal que compone el Pacto de Corruptos se ha tirado cual animal arrinconado al cuello, su pretensión y objetivo es el de eliminar cualquier atisbo de justicia y de lucha contra la corrupción. Diputados y diputadas que aprueban una Comisión ilegal que “investigará” las actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a todas aquellas personas u organizaciones que hayan colaborado con esta, serán sometidos ilegalmente a investigación, que no les compete. O bien un diputado, que ha sido famoso por incapaz, corrupto e ineficiente en su labor parlamentaria, prometiendo que no descansará hasta ver destituido al Defensor del Pueblo o bien las acciones de decrépitos exfuncionarios, supuestos dignatarios de la Nación arremetiendo contra tres magistrados del Tribunal Constitucional.
Pero un hecho a todas luces demostrativo, del nivel al que están dispuestos a llegar esta caterva de delincuentes, son las agresiones cometidas contra la jueza Erika Aifán del Tribunal de Mayor Riesgo D. Prácticamente infiltraron o bien cooptaron y compraron al personal de dicha judicatura para sustraer información y vigilar, espiar y hasta grabar a dicha jueza. El único objetivo dañar, imponer una tela de duda sobre los casos que lleva dicha judicatura. Poner en mal a la jueza que lleva casos de Alto Impacto, como el de Financiamiento Electoral a FCN-Nación, en el cual están siendo procesados penalmente miembros de los 8 grupos económicos, más grandes y poderosos del país. Este y otros casos son sin duda alguna la causa de los permanente ataques a la honorable jueza.
Es por ello que la Justicia debe ser vista como un atributo, que no depende exclusivamente de la persona individual, sino más bien está supeditada a la obligación del juez de dictar justicia en base a la conciencia, que le marca la institucionalidad y legalidad. Al marcar estos dos atributos, el marco legal, la fortaleza institucional con la obligación consciente de dictar justicia, no estaríamos sometiendo a agresiones contra los pocos funcionarios honestos que quedan, en la medida que lo que tendríamos es una sociedad donde la justicia, la equidad y lucha contra la corrupción serían bien preciadas.
