Amy Goodman y Denis Moynihan
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que resolvió dar inicio a un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump: “Esta semana, el presidente (Trump) admitió haberle pedido al Presidente de Ucrania que tomara medidas que lo beneficiarían políticamente. Las acciones de la presidencia de Trump revelaron el deshonroso hecho de la traición a su juramento presidencial, la traición a nuestra seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones. Por lo tanto, hoy anunció que la Cámara de Representantes está llevando a cabo una investigación oficial de juicio político. Estoy ordenando a nuestros seis comités que procedan con sus investigaciones en el marco de la investigación de juicio político. El Presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”. La presidenta Pelosi venía siendo presionada hace meses para darle curso al juicio político, tanto por parte de progresistas de base como del Congreso. Un denunciante de la comunidad de inteligencia expresó su preocupación por una llamada telefónica que Trump sostuvo en julio de este año con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y esa revelación presionó a los demócratas más moderados para que apoyaran la apertura de la investigación para realizar un juicio político. Trump admitió haberle solicitado a Ucrania que investigara a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden, y a su hijo, Hunter Biden, y en el ínterin ordenó retener la ayuda para Ucrania. Tal comportamiento puede considerarse dentro de los estándares de “delitos graves y delitos menores” que rigen para iniciar un proceso de juicio político. Pero, ¿acaso Trump no merecía ya una investigación de juicio político por diversos comportamientos anteriores?
El 17 de mayo de 2017, cuando Trump llevaba menos de cuatro meses en la presidencia, el congresista demócrata de Houston Al Green fue el primero en solicitar el juicio político de Trump ante la Cámara de Representantes. En cuestión de días, Green, que es afroestadounidense, estaba recibiendo amenazas de muerte. Un mensaje de voz amenazó: “No vas a enjuiciar a nadie. Inténtalo y los lincharemos a todos ustedes. Vas a quedar colgado de un árbol”.
El miércoles, al día siguiente de que la presidenta Pelosi anunciara la investigación de juicio político, el congresista Green expresó en una entrevista para Democracy Now! que el tema de Ucrania era un delito que ameritaba el juicio político, pero agregó: “También mencionaría la cláusula de emolumentos. Se han archivado artículos relativos a que el Presidente se beneficia de ciertas personas que se hospedan en sus hoteles y hay mucho que decir al respecto. Tampoco olvidaría su racismo, intolerancia, xenofobia, homofobia, islamofobia, el hecho de que el Presidente ha convertido en política su intolerancia”.
Al parecer, cada vez surgen más motivos para la realización de un juicio político en torno a la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense. Delegaciones y lobistas extranjeros se alojan regularmente en el Hotel Trump International, de Washington D.C., donde gastan cantidades generosas de dinero. El presidente ucraniano Zelensky, según la transcripción desclasificada de su conversación con Trump publicada por la Casa Blanca el pasado miércoles, le hizo saber al presidente Trump que se quedó en la Torre Trump ubicada en el Central Park, de Nueva York.
Trump ha sido acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 24 mujeres. No cabe duda de que estas acusaciones por sí mismas son suficiente motivo para iniciar una investigación de juicio político. Trump ha tomado represalias contra varias de estas mujeres; amenazó con demandarlas y las insultó de forma grosera, expresando que no eran su “tipo”. El propio Trump ha admitido, en la famosa grabación del programa “Access Hollywood” que manosea a las mujeres por la fuerza: “Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Simplemente las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa”.
La agenda política que procura llevar adelante Donald Trump, basada en la negación de la ciencia climática, constituye un delito que amerita juicio político. Está acelerando el deterioro ambiental, lo que conduce a un cambio climático irreversible y catastrófico. El Gobierno de Trump se retiró del acuerdo contra el cambio climático de París y no para de revocar regulaciones ambientales, al tiempo que impulsa la extracción y venta de combustibles fósiles. El lunes pasado, Greta Thunberg, activista climática sueca de 16 años de edad, criticó ferozmente a los adultos reunidos en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas: “Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que hablan es de dinero y cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?”. Trump hizo una breve aparición de catorce minutos en la cumbre y se burló de Thunberg en Twitter. Escribió que parecía “una jovencita muy feliz, que anhela el brillante y maravilloso futuro que tiene por delante”.
La autoridad para ir a la guerra, para ordenarle al Ejército de Estados Unidos que mate gente, es el poder presidencial que exige la supervisión más estricta por parte del Congreso y de la población. Trump se postuló a la presidencia con la promesa de retirarse de las guerras extranjeras, pero ha hecho todo lo contrario. Recientemente, en Afganistán, Estados Unidos lanzó un ataque con aviones no tripulados que mató a 30 civiles (trabajadores rurales que descansaban a la sombra) y participó en una incursión nocturna que mató a unos 40 civiles, prolongando la guerra más larga en la historia estadounidense.
Trump continúa apoyando el devastador bombardeo de Arabia Saudí contra Yemen que ha dejado un saldo de miles de civiles muertos. Un reciente bombardeo saudí sobre un colegio comunitario mató al menos a 109 personas. Millones de yemeníes corren el riesgo de morir de inanición en lo que se describe como la peor crisis humanitaria del mundo. El Congreso estadounidense ha aprobado dos veces legislación bipartidista para bloquear la venta de armas a los saudíes, con el subsiguiente veto de Trump. El Presidente también ha enviado más tropas a Arabia Saudí para proteger las instalaciones petroleras y no deja de elogiar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El 2 de octubre se cumple el primer aniversario del brutal asesinato y desmembramiento del columnista del periódico The Washington Post Jamal Khashoggi, que tuvo lugar en un consulado saudí en Turquía. Según la CIA, esta atrocidad fue cometida por orden de Bin Salman. El belicismo de Trump es un delito meritorio de juicio político en sí mismo.
La negativa del presidente Trump a apoyar la legislación para el control de armas de fuego tras numerosos tiroteos en masa, sus continuas mentiras, sus implacables ataques a la prensa, su eliminación de programas fundamentales para la red de seguridad social, su discriminación hacia las personas trans en el Ejército y en las escuelas; su prohibición en contra de los musulmanes, su separación de familias y el encarcelamiento de niños migrantes; todas esas cosas ameritan abrir una investigación de juicio político. Como declaró el congresista Al Green: “En algún momento tenemos que hacerle frente y dejarle saber que ya ha traspasado el límite y no lo dejaremos ir más allá”.
