Hemos dicho que el problema de la recién inaugurada ruta para bordear Chimaltenango arranca desde el mismo diseño del proyecto y eso se confirma ahora cuando el Ministro de Comunicaciones informó a los diputados que habrá un sobreprecio adicional porque para mejorar las pendientes en las laderas y evitar los derrumbes habrá que invertir una millonada en la ampliación de los derechos de vía, lo que indica que al fin están reconociendo que tal y como se ejecutó la obra tenían que producirse los derrumbes.
Desde un principio debieron considerar el problema de los taludes insostenibles, pero en vez de eso se hizo la construcción de manera irresponsable y ahora los propietarios, que tienen del cogote al gobierno, pondrán sus condiciones para vender la tierra que hace falta para ampliar el derecho de vía porque saben que el Estado tiene que pagar lo que pidan, a riesgo de que la obra quede totalmente inservible por los derrumbes que no son sólo producto de las copiosas lluvias, sino que son consecuencia de un mal diseño y ejecución del proyecto.
Habría que deducir responsabilidades a los funcionarios que no se dieron cuenta del grave problema que ahora tendrá que ser subsanado con una inversión adicional de más de setenta millones de quetzales, porque no es correcto que la ciudadanía que paga sus impuestos tenga que sufrir las consecuencias de la impericia e incapacidad de quienes desempeñan funciones públicas. Todos los ingenieros que han opinado sobre esta obra han dicho tajantemente que se trata de un mal diseño y que no se hizo ni siquiera un adecuado estudio de suelos para determinar la firmeza o flojera del terreno que sería atravesado.
Lo que pasa es que como en Guatemala las obras se hacen pensando no en su duración sino en la comisión, los ingenieros del Ministerio de Comunicaciones tienen que acomodarse a ese principio y de esa cuenta se descuida por completo todo lo que tiene que ver con calidad en la ejecución de los proyectos porque lo que importa es la ganancia inmediata que para ellos y sus superiores queda en cada negocio.
Tenemos que cambiar por completo la forma en que se hacen las contrataciones de la obra pública porque los efectos de la corrupción son terribles y resultan extraordinariamente caros para la población. Por más que diga el Presidente que se critica por criticar, la verdad es que, como hasta el Ministro tácitamente reconoce, la obra está tan mal hecha, que habrá que ampliar el contrato y gastar más para que funcione.
