Estamos a las puertas de una crisis institucional sin precedentes porque la maquinaría avanza bien aceitada para que se produzca una abierta desobediencia a la Corte de Constitucionalidad en el último esfuerzo de las fuerzas que componen el Pacto de Corruptos para acelerar la elección de magistrados de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no sólo es el último némesis que se han propuesto, sino también el instrumento para asegurarse la impunidad que vieron tan amenazada en los últimos años como consecuencia del esfuerzo contra la corrupción que dirigieron la CICIG y el Ministerio Público a partir de 2015.
Cierto es que, de hecho, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no han sido claramente obedecidas, pero un caso tan flagrante como sería la elección de los magistrados jugando la vuelta a la resolución de la CC no tiene precedente por lo directo y frontal de la desobediencia y eso colocará al país en una situación de ruptura del orden constitucional que asigna a esa instancia legal la facultad y obligación de resolver los asuntos relacionados con los ámbitos de su competencia, entre los cuales están precisamente los amparos que no tienen límite en cuanto al ámbito de su aplicación.
No cabe ya la menor duda porque en forma coordinada los interesados están alienando su esfuerzo para producir la lista de postulados antes del 13 de octubre, fecha que se ha convertido en el gran factor porque mientras la CC sigue el precedente de que los plazos de los magistrados se pueden prorrogar, las corrientes adversas se aferran a la “fatalidad” del período para el que fueron electos. Todos los que de facto son promotores del fin de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país se han sumado en comunicados para expresar su apoyo al argumento de que, a como dé lugar, se tiene que producir la elección de las Cortes antes de esa fecha, aunque las postulaciones sean un mamarracho que no cumple con requisitos de idoneidad, pero sí de compromiso con la impunidad. Al fin y al cabo, es eso lo que está en juego y lo que a muchos les importa tanto.
El Congreso, el Consejo de la Carrera Judicial y la Asamblea de Magistrados aceleran el paso para expeditar, según ellos, la postulación de los aspirantes de manera que pueda hacerse la elección entre aplausos y complacencia de quienes tienen tanto en juego para su futuro. Y por ello es que estamos a pocos días de una seria crisis constitucional en el país.
