Por Jorge Santos
El lunes recién pasado me tocó que presenciar un hecho vergonzoso en extremo, pero a la vez indignante y muy claro en cuanto a lo que representa para el país. Este hecho está relacionado a la incomparecencia de la representación del Estado guatemalteco en la audiencia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del período 173 de audiencias de este alto órgano de derechos humanos. La cita en cuestión era para abordar lo relacionado con los obstáculos, retrocesos y retos para el avance de los derechos humanos en Guatemala.
Esta incomparecencia no solo se trató de la ausencia de la representación del Estado, sino de lo que con esta acción quiere decirnos el gobierno de Jimmy Morales a la sociedad guatemalteca y al concierto de naciones. Primero, sí se suma esta acción, con otras tales como la declaratoria de persona non grata al comisionado Iván Velásquez, luego no permitirle el ingreso al país, mentir descaradamente ante las Naciones Unidas, el traslado de Embajada de Guatemala hacia Jerusalén, negarle la visa a 11 investigadores de la CICIG con argumentos falsos y difamatorios, el retiro de la Embajada de Guatemala en Suecia, da muestras de la estrategia de aislamiento internacional que está provocando este Gobierno. Cuando el gobierno de Romeo Lucas y los sucesivos a finales de los setenta e inicios de los ochenta, se aislaron internacionalmente, tenía como única intención incrementar la violencia, ampliar la política de represión y así imponer su reino de terror, corrupción e impunidad.
Segundo, en una carta que fuera enviada a las y los comisionados de la CIDH, los argumentos que hasta ahora sabemos, dado que el representante del Estado no tuvo la dignidad de enviarla a todas la partes, viola cualquier lógica del derecho internacional e incluso la propia Constitución Política de la República, al referir que ninguna instancia interna, ni internacional pueden inmiscuirse en asuntos del Estado guatemalteco, con lo cual está manifestando que violan intencionalmente el artículo 46 constitucional, el cual establece que “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
Un tercer elemento, lo representa el hecho del atraso, el anacronismo en la acción y los argumentos vertidos. Es tal el nivel de descaro e incapacidad de la representación del Estado, que tal parece discursos del fascismo previo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir que sus argumentos, son similares a los que vertían dictadores tales como Manuel Estrada Cabrera o Jorge Ubico. Es por ello que con indignación pero mucho acierto la Comisionada Margarette May Macaulay preguntó ¿existe democracia en Guatemala? La respuesta a esta interrogante sería que el gobierno de Jimmy Morales nos está llevando al peor retroceso en materia democrática y de derechos humanos en el país. Este retroceso lo impulsa de la mano de lo que se conoce como la Alianza Criminal que conforma el Pacto de Corruptos.
