Raúl Molina
Para poner fin al abuso y prepotencia del Congreso de la República hay que cerrarlo ya. Nada se perdería, porque este conjunto de bribones, con excepción de quizás diez, se ha dedicado a garantizar abusos, corrupción e impunidad. Es un Congreso irracional, porque legisla en interés de personas delincuentes, criminales, genocidas e impunes, con total olvido de que las y los diputados son “representantes del pueblo”. Fue irracional ratificar el estado de Sitio decretado por el Poder Ejecutivo, sin cumplirse los requisitos para dictarlo, para ocultar la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho en que perdieron la vida tres soldados y un campesino, y han sido secuestrados integrantes de las comunidades indígenas afectadas. El Ejército está en la zona con el fin de intimidar a la población campesina para obligarla a “vender” sus territorios, tierras y recursos a los ricos agricultores, empresas extractivas, operadores del narcotráfico y empresarios sin escrúpulos que se preparan para conceder a Estados Unidos el “canal seco” para unir el Atlántico y el Pacífico. Se rumora que cada voto a favor del estado de Sitio costó cien mil quetzales. Es irracional también que el Congreso intente modificar la ley para la elección de miembros de la Corte Suprema de Justicia y otras cortes, luego de que su maniobra para llenarlas de mafiosos a su servicio fue parada en seco por la CC. Quieren los legisladores darle la potestad de propuesta al Presidente de la CSJ, unipersonalmente, para luego votar en el Congreso la muerte de la justicia en el país.
Desde su elección en 2015, quedó en evidencia que el Congreso era ilegítimo, con la reelección de legisladores corruptos que habían contribuido a fraudes y robos durante el gobierno de Pérez. Se hizo más ilegítimo con la danza del transfuguismo propiciada por el FCN-Nación y tolerada por la UNE. Con el Pacto de Corrupción la ilegitimidad se agudizó, al dedicarse el Congreso a brindarle a Jimmy Morales el blindaje que necesitaba para no ir a la cárcel. Las “máscaras democráticas” cayeron y, desde entonces, se ha sufrido el desmantelamiento del Estado de Derecho. Pasará el Congreso a la historia infame como irracional e ilegítimo; pero, particularmente por inmoral. Pretende investigar las acciones de la CICIG y del MP bajo Thelma Aldana, sin derecho a la defensa, porque la CICIG ha dejado de funcionar y a la señora Aldana se le impidió que fuese candidata a la presidencia y, con falsas acusaciones, se le quiere llevar a prisión. Acto cobarde, con todos los agravantes del caso.
¿Qué hacer? ¡Cerrar el Congreso ya! Lo que no se hizo en 2017, a presión del CACIF y la Embajada, hay que hacerlo ahora, cuando es claro que la Embajada, Washington y el CACIF se han unido al carro de la corrupción y la impunidad. Fueron socios del Estado guatemalteco en la represión y el genocidio y se aprovechan hoy de los traidores para continuar la opresión de las mayorías del país. Bajo Trump, las y los ladinos de derecha ansían establecer su propio apartheid. Para detenerlos a tiempo, empecemos por cerrar el Congreso utilizando toda nuestra creatividad jurídica, política y más.
