Por MARÍA VERZA/ap
CIUDAD DE MÉXICO
Las autoridades mexicanas obtuvieron nuevos datos que podrían ayudar a saber el destino de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace cinco años en el sur de México y, por eso, han iniciado una búsqueda en basurero distinto al que concentró en un inicio la atención de los investigadores.
La abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que se estima que podrían obtener datos relevantes.
“Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior gobierno mexicano de que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero.
El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, también en Guerrero, pero en dirección contraria a Cocula.
Buitrago dijo que corresponderá a las autoridades mexicanas informar cualquier dato concreto que resulte de las investigaciones en ese basurero.
La exfiscal colombiana recordó que ya se había buscado en Tepecoacuilco sin hallar nada relevante, pero nunca en el basurero.
Tanto la antigua como la nueva fiscalía han hecho diversas búsquedas infructuosas a lo largo de estos cinco años en diversos puntos de Guerrero.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados en la ciudad de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), esas personas trasladaron a los jóvenes al basurero de Cocula, (20 kilómetros al suroeste de Iguala) donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
Pero el primer grupo de expertos de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión, basada en testimonios obtenidos mediante tortura.
Los abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
