Por Cristian Velix
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Este día continuó la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, del proceso en contra de la ex candidata a la Presidencia, Sandra Torres, en la cual sus abogados presentaron sus argumentos por los señalamientos realizados en contra de ella por el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En ese contexto, el abogado de Torres, Vinicio Salvatierra, expresó que esta investigación es para dos personas, una de ellas el empresario Gustavo Alejos y la otra el vicepresidenciable de la UNE en 2015, Mario Leal.
En esa línea, el profesional del derecho afirmó que ellos dos son “personas totalmente ajenas a mi patrocinada” e indicó que en uno de los informes que tiene el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se señala que las empresas utilizadas para cometer los ilícitos pertenecen a Leal y a su familia.
“En ningún momento se indica que son manejadas por la licenciada Torres”, agregó el abogado, quien manifestó que en las gráficas que elaboró el MP en conjunto con la CICIG para mostrar la forma de operar de la estructura, en ninguna aparece Torres.
“Usted se puede dar cuenta cómo fueron los flujos de dinero, a quienes llegaron, pero en ninguna gráfica aparece la licenciada Torres”, puntualizó Salvatierra.
“HAY SESGO POLÍTICO”
Por otra parte, Eduardo Velásquez, el segundo abogado de Torres, subrayó que la ex primera dama no podía enfrentar proceso penal, debido a que aún no se ha publicado el acuerdo de conclusión del proceso electoral en el que se indique que este ha finalizado, por lo que la señalada aún goza de inmunidad.
De igual manera, el profesional arremetió en contra del “fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en esa época” y dijo que resultaba “sospechoso” que él solicitara la cancelación de la UNE, 36 horas antes de que se realizara la segunda vuelta electoral.
“Vemos en esta actitud un sesgo político por parte de este funcionario público, porque son 36 horas antes de la segunda vuelta electoral y en la primera vuelta, un día después que a la señora Sandra Torres, le entregan las credenciales presentan una solicitud de retiro antejuicio. Se ve en esas dos acciones del fiscal un sesgo político y cierta morbosidad”, añadió Velásquez.
Además, el abogado dijo que la FECI no ha podido mostrar en dónde consta la delegación que Torres hizo a Mario Leal, Karina Paz y Gustavo Alejos, acerca de la captación de personas individuales o jurídicas para entregar aportaciones que no fueron reportadas, sin acreditar su identidad.
En esa medida, la defensa de Torres pidió a la jueza Claudette Domínguez que se dictara falta de mérito a favor de ella. En tanto la juzgadora comentó que será hasta el 16 de octubre cuando decida si la ex presidenciable es ligada o no a proceso penal. De momento, Torres continuará en Mariscal Zavala.
CASO
Según las investigaciones, la excandidata a la Presidencia consintió aportes por casi Q6 millones los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque la suma total, según la representación del MP, fue de alrededor de Q28 millones.
Para ello, explican las pesquisas se utilizó un mecanismo alterno para evadir los controles, para lo que se usó a las entidades MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), además de una tercera empresa denominada Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe S.A.
