POR SAIRA RAMOS
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Esta mañana, en dos actividades distintas, se dieron a conocer acciones impulsadas para que el proceso de postulación de candidatos a magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelación se realice de acuerdo a la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, dio a conocer que varias organizaciones de la sociedad civil incluyendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), analizaron los vicios que existen en las postuladoras para elegir a magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.
Según Ibarra existen problemas de orden estructural en las Postuladoras los cuales se han visto “agravados y dimensionados” en la medida que los comisionados establecieron una tabla degradación “antiética”, además que muchos de ellos han manifestado falta de voluntad y servicio a la sociedad además que algunos ya “llevan listas debajo del brazo” por tanto es imprescindible cambiar el rumbo de los dos procesos.
La consultada agregó que otros aspectos que evaluaron fueron los problemas de publicidad y transparencia esto porque no se tiene fácil acceso a los documentos y actas con que trabajan las Postuladoras, así como una posible reestructuración en los procesos si los órganos jurisdiccionales así lo permiten.
Por su parte, Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG, dijo que es necesario garantizar un proceso transparente en las Comisiones de Postulación para elegir a los candidatos más idóneos. El entrevistado dijo que esa institución dará acompañamiento en los procesos.
AMPARO
La diputada Nineth Montenegro explicó la razón del amparo interpuesto en la CC el pasado viernes, el cual previene la violación al debido proceso y según indicó, está orientado hacia el ejercicio de la función constitucional de elección de magistrados con perfiles idóneos para ambas postuladoras.
Según Montenegro la acción busca dejar sin efecto las tablas de gradación y los perfiles de los aspirantes, además que se ordene la elaboración de nuevas tablas de gradación acorde a la ley y sentencias de la Corte de Constitucionalidad, así como la elaboración de nuevos perfiles acorde al cargo a ocupar y la diferencia según la naturaleza del cargo.
ABOGADO PRESENTA RECURSOS
El abogado Alfonso Carrillo Marroquín presentó ayer una inconstitucionalidad en contra de la convocatoria a los abogados interesados en participar en la selección de profesionales para integrar la nómina de candidatos a ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, publicada en el Diario Oficial.
De acuerdo con el togado la Carta Magna en sus artículos 113, 207 y 216 establece que para optar a una magistratura no se debe atender más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, honradez, reconocida honorabilidad y experiencia, lo cual encuentra respaldo en la sentencia emitida por la CC en la que declara que el cumplimiento de los requisitos constitucionales.
No obstante la convocatoria no requirió pruebas a los candidatos sobre los méritos de idoneidad, capacidad, honradez, reconocida honorabilidad y experiencia, así como no exigió la prueba de dichos méritos y se limita a remitir a la elaboración de un curriculum vitae conforme la guía publicada, es decir que dicha guía no se alineó al mandato constitucional.
Por su parte la Corte de Apelaciones omitió que se acreditara por parte de los participantes el cumplimiento de méritos que la Constitución exige y se amenaza en forma grave con que el Congreso elija por razones distintas a los méritos de capacidad, idoneidad, honradez, honorabilidad y experiencia.
Según Carrillo, también las Postuladoras excluyeron que se acreditara por parte de los aspirantes el cumplimiento de méritos que la Constitución exige y la amenaza en forma grave que el Congreso elija por razones distintas a los méritos anteriormente mencionados, lo que pone en riesgo el orden constitucional, al permitir y provocar que la alta investidura de magistrado de la CSJ, no sea ejercida por los más aptos.
Esto no solo debilita al sistema de contrapoder sino que, además provoca que el principio de legalidad que sustenta al Estado de Derecho quede expuesto, provocando la consecuente desconfianza de los ciudadanos en el sistema de Justicia.
Finalmente Carrillo presentó una inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación por considerar que dicho numeral viola el artículo 215 de la Carta Magna y además crea las condiciones adecuadas y factibles para que los profesionales del derecho no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 113, 207 y 216 de la Constitución.
Según el académico dicha norma debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.
