Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
El gran éxito de los defensores del sistema fue lograr llegar a esta elección de magistrados para Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) con las mismas reglas que han operado en el pasado (2015, 2010 etc.) porque entendieron que una reforma a la Constitución le quitaba los operadores paralelos (copetudos y chorreados) mucho margen de maniobra.
Las Comisiones (para apelaciones y Corte Suprema) están conformadas por 37 miembros cada una y para alcanzar mayorías necesitan del voto favorable de al menos 25 comisionados y con el afán de lograr esos consensos es que en el pasado (y se dará aquí sin duda) se ha operado de forma paralela y se generan listados por afuera y en la Comisión todos los involucrados “siguen un guión”.
Han existido ocasiones en que el irrespeto de uno o varios a los pactos los entrampa y hace que no se puedan poner de acuerdo. Ello les dificulta para avanzar en sus planes, pero siempre han encontrado la manera de ponerse de acuerdo porque la impunidad y los réditos que esta ofrece (abogados y jueces cobran muy bien cuando le logran impunidad a un cliente) representan millones.
No es secreto la cantidad de reuniones que entre los Jefes de los Grupos (como ocurre con un exrector de la Universidad de San Carlos) y los diversos viajes que varias personas han hecho a Nicaragua, se está cocinando la elección en un momento en el que la gente está más pendiente del estado de Sitio que del futuro de las Cortes.
Dentro de las postuladoras hay una minoría que busca hacer, en medio de lo que deja el sistema, lo posible por lograr que lleguen las mejores autoridades, pero ahora es tanto lo que está en juego que sus opciones de incidir en algo son más limitadas que antes y por eso requieren del apoyo de todo aquel que entienda el problema y esté harto de vivir con una “justicia” que solo busca debilitar el Estado de Derecho. Se les suma el problema de que más gente buena no desea participar porque no quiere lidiar con mafias paralelas.
A jueces como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez les estaba cantado que iban a buscar cualquier cosa para no elegirlos y un lastimoso error los dejó fuera de la contienda desde un inicio, así como a muchos otros (Mynor Motto también se fue, pero ese sí llevaba chance de entrar). Pero el punto es que, así como se ve esa parte formal, el proceso en su fondo debe contemplar cosas más profundas como la ética, la idoneidad y la honorabilidad tal y como lo dice la Constitución. Por eso es que urgen reformas.
Además, habrá que estar atentos a si la votación por los candidatos que queden será solo entre aquellos que superen la puntuación mínima o si pretenderán que se vote hasta por los que saquen 10 o 20 puntos y sea ese el momento en el que logren meter la mayor cantidad de goles.
Otro tema que será objeto de discusión es si los postuladores y diputados harán cumplir el artículo 113 de la Constitución que reza: “Derecho a optar a empleos o cargos pu?blicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos pu?blicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en me?ritos de capacidad, idoneidad y honradez”. y cómo determinarán que cumple el nominado.
Además de los artículos 216 y 217 que deben cumplir quienes opten a cargos porque se sabe que hay, por ejemplo, jueces de paz desean ser magistrados de sala y más cuando no es secreto que las “escuelas de estudios” y algunas universidades se dedican a dar cursos, ofrecer maestrías y doctorados pagados a plazos y sin dar factura (los centros de enseñanza, puros coyotes) buscando “lealtades” que son las que facilitan impunidad que termina siendo un negocio millonario.
