Por Grecia Ortíz
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Doce representantes del Congreso estadounidense, liderados por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, solicitaron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) António Guterres, se garantice la seguridad física de empleados de la CICIG, fiscales, jueces, así como a miembros de sociedad civil que han trabajado de cerca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un comunicado divulgado, Torres explica que la carta enviada a Guterres tiene como fin solicitar la garantía de la seguridad física de los empleados de la Comisión que finalizó hoy su mandato, tras doce años de trabajo en Guatemala luego que el presidente Jimmy Morales decidiera no renovarlo.
Los congresistas señalaron que como firmes partidarios de la ONU y CICIG, instan a tomar medidas que garanticen la seguridad física de los empleados que aún se encuentran en Guatemala, tras el cierre de la Comisión.
“Es fundamental que la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas personas valientes, que han depositado su confianza en la ONU para llevar a cabo un trabajo importante con un gran riesgo personal”, dicen los congresistas.
A su vez destacan que si bien después del 3 de septiembre la ONU ya no tendrá la capacidad de proporcionar la seguridad física, sí solicitan que se utilicen todas las opciones disponibles, incluyendo el trabajo a través de agencias de la Organización que tienen presencia en Guatemala, con la que se pueda proporcionar la protección.
“Es nuestra opinión que hacerlo no solo está dentro del mandato de la ONU sino que también es una obligación moral”, anotaron.
En la carta los funcionarios indican a Guterres que desde 2007, la CICIG y sus socios guatemaltecos han llevado a cabo investigaciones y enjuiciamientos exitosos de organizaciones criminales e individuos que han robado al país millones de dólares en recursos estatales.
VARIAS PERSONAS HAN RECIBIDO AMENAZAS
A su vez destacan que estos grupos criminales que han sido implicados en violaciones de derechos humanos y delitos graves, incluidos asesinatos, tráfico de drogas y secuestros, aún conservan un importante poder informal en Guatemala, debido en gran parte a su participación en lo que la CICIG ha denominado «redes de corrupción político-económicas».
“A pesar de, o más bien debido a las importantes contribuciones de la CICIG para fortalecer el estado de derecho en el país, la Comisión y sus socios se han convertido en enemigos peligrosos durante los últimos doce años”, manifestaron los congresistas.
Asimismo, destacan que además del personal de CICIG entre fiscales e investigadores internacionales, en la actualidad también hay unos 93 funcionarios guatemaltecos, además de muchos socios en la oficina del Fiscal General, especialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
“La CICIG también tiene socios cruciales en todo el sector judicial y en la sociedad civil. Muchos ya han recibido amenazas, y durante nuestra visita a Guatemala, escuchamos preocupaciones de que muchos más enfrentarán represalias por la partida de la Comisión”, remarcaron.
Finalmente, en la carta destacan que como miembros del Congreso de EE.UU., continuarán abogando por el Estado de Derecho y la protección de quienes lo defienden.
¿QUIÉNES FIRMARON LA CARTA?
Además de Torres también firmaron la misiva los congresistas Eliot L. Engel (D-NY), Jim McGovern (D-MA), Nydia M. Velázquez (D-NY), Anthony Brown (D-MD), Lucille Roybal-Allard ( D-CA), Henry Cuellar (D-TX), Aumua Amata Coleman Radewagen (R-Samoa Americana), Mary Gay Scanlon (D-PA), Jesús «Chuy» García (D-IL), Katie Hill (D-CA ) y Lauren Underwood (D-IL).
En agosto pasado una delegación de congresistas viajó a Guatemala para escuchar a empleados y socios de CICIG, sobre las amenazas que habían recibido antes de la partida de la Comisión, explicó la congresista Torres en el comunicado.
