Por Eder Juárez
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Un grupo de pobladores de El Estor Izabal, que se encuentran manifestando a favor de que las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) continúen en el municipio, bloquearon las entradas y salida de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la 11 avenida de la zona 1, así como el paso de vehículos por el lugar.
Los pobladores se encuentran desde horas de la mañana manifestando y solicitaron una reunión con los Magistrados de la CC, pues quieren entregar una serie de documentos para que la Corte decida retirar la suspensión de las operaciones de la minera, que se encuentran suspendidas temporalmente por una resolución de la CC.
De acuerdo con los inconformes los documentos solo serán entregados a los magistrados ya que según ellos, al entregarlo en secretaria de la Corte no tienen certeza de que la documentación llegue a los magistrados titulares.
MAGISTRADO PRESIDENTE PIDE APOYO A LA PNC
En una misiva, el magistrado presidente, Bonerge Mejía, pidió apoyo al director de la Policía Nacional Civil (PNC) por el referido cierre, ya que, según la carta enviada, fueron bloqueadas las tres vías de entrada y no permitían el ingreso de trabajadores y usuarios de la Corte.
Por ello, Mejía pidió a la institución policial tomar medidas de seguridad para resguardar la integridad de los funcionarios y trabajadores.
A las 17 horas, comunicación social de la CC informó que los magistrados y personal de la Corte continuaban retenidos, así como 9 estudiantes que estaban en una visita guiada.
En tanto el PDH, Jordan Rodas, solicitó a las autoridades del Ministerio de Gobernación y a la PNC prestar el auxilio correspondiente a la práctica de exhibición personal en la sede de la CC.
LA RESOLUCIÓN
La CC otorgó un amparo provisional el pasado 19 de julio, que revocó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apelada por comunitarios que habían accionado en contra del Ministerio de Energía y Minas, por otorgar una licencia de explotación a la CGN sin haber realizado la consulta previa a pueblos indígenas de Alta Verapaz e Izabal, donde opera la mina Fénix.
De acuerdo con la resolución, se declaró con lugar el recurso de apelación presentado por Alfredo Maquín Cucul, representante común de los comunitarios, quien revocó la resolución de la CSJ del 7 de marzo de 2018, que denegó la protección constitucional interina en la acción promovida en contra del MEM.
En la acción presentada, los comunitarios expusieron que al otorgar la referida licencia se violentó el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de los municipios de Senahú, Cahabón y Panzós del departamento de Alta Verapaz y de El Estor, en Izabal.
Se contactó a un comunicador de la mina pero hasta la publicación de la nota aún no se ha tenido respuesta.
