Desde ahora hasta el 14 de enero los ciudadanos deberemos estar atentos para fiscalizar, hasta donde nos sea posible, el gasto público y las decisiones que adopte el gobierno del presidente Morales. Lamentablemente hay que partir de la realidad concreta de que carecemos de los mecanismos de control establecidos constitucionalmente porque ni la Contraloría de Cuentas de la Nación ni el Ministerio Público moverán un solo dedo para cumplir con su función, sobre todo si se trata de atajar negocios que se puedan concretar en los próximos meses.
Al fin y al cabo, tanto el Contralor como la Fiscal General fueron designados específicamente para que sirvan al gobierno y sus aliados dentro del Pacto de Corruptos y por lo tanto no habrá absolutamente esperanza de que cambien de actitud. Y esa debilidad institucional será aprovechada por quienes, ya de salida, harán todo lo que puedan para realizar sus últimos negocios y para asegurarse impunidad, por si las moscas, como se dice en buen chapín.
Por ello es que el proceso de elección de las Cortes tiene que ser visto dentro del marco de los intereses de los poderes actuales porque el elemento clave de la conformación del Sistema de Justicia será el compromiso que los electos asuman para asegurar impunidad a sus electores. Así de claro y sencillo es lo que se viene y, como repetimos, no se ve forma de atajar el procedimiento viciado porque, desafortunadamente, este esquema de poder persistirá, por lo menos, hasta el catorce de enero cuando se produzca el relevo tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República.
En todos y cada uno de los ministerios y dependencias se realizarán maniobras para ejecutar su presupuesto a como dé lugar porque quien no gasta no se puede beneficiar con comisiones muy jugosas y de esa cuenta es que el ojo ciudadano tiene que estar atento a todos y cada uno de los negocios que se hagan a partir de esta fecha porque si el erario siempre ha sido viña para los ladrones, en la etapa final de cada gobierno se aplica aquella famosa Ley de Hidalgo (baboso el que deje algo).
La indiferencia y apatía de las instituciones llamadas a fiscalizar y controlar hace mayor la responsabilidad de la sociedad para estar atenta y presta a denunciar todo negocio lesivo para los intereses del país. Documentar los trinquetes puede ser útil, sobre todo si el próximo gobierno y Congreso deciden enderezar el rumbo del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
