POR MARÍA VERZA /AP
CIUDAD DE MÉXICO
Un juez abrió un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, por supuestamente saber del desvío de fondos y no denunciarlo y dictó prisión preventiva, con lo que se convirtió en el primer miembro del Gabinete del exmandatario en llevar a la cárcel.
Robles está acusada de “ejercicio indebido del servicio público”. Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.
El juez también solicitó a la Fiscalía General de la República que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto de lo que ocurría en sus departamentos, explicó a AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones públicas. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades.
Robles insistió en su inocencia hasta poco antes de ingresar a una cárcel del sur de la capital. “Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí”, dijo a la prensa durante la audiencia judicial. “Con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
La exsecretaria es el primer miembro del Gabinete de Peña Nieto que llega a prisión, aunque sea de forma preventiva, una decisión que su abogado Julio Hernández dijo que es fruto de “argucias y artimañas”.
En declaraciones a Radio Fórmula, Hernández negó que Robles haya implicado al expresidente y detalló que aunque dijo que había un canal de comunicación entre ellos “jamás dijo que había puesto de su conocimiento algún hecho que pudiera considerarse delictivo”.
El abogado también aseguró que la prisión preventiva no se justifica porque se la acusa de “un delito menor”, no hay evidencia de que no vaya a comparecer en posteriores audiencias ni que suponga un riesgo para la sociedad.
El miembro del Poder Judicial antes mencionado explicó que uno de los motivos por los que el juez tomó esta decisión fue porque durante la audiencia se acreditó un domicilio falso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que Peña Nieto pueda ser vinculado con la investigación porque se trata de un proceso abierto. “El juez va a decir si hay que llamar a declarar a otras personas”, afirmó.
“Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho; no como antes que era un estado de chueco, de cohecho”, agregó.
La fiscalía también tiene abiertos varios casos contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, durante ese período (2012-2018) y contra quien se emitieron varias órdenes de captura.
Las denuncias de corrupción fueron uno de los principales problemas de la Presidencia de Peña Nieto, un mal que el actual mandatario se comprometió a erradicar aunque todavía no ha habido ningún alto cargo del anterior gobierno condenado.
