Ayer los Viceministros de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Trabajo fueron a hacer un papelón al Congreso, a donde asistieron en vez de los titulares de las carteras que no quisieron atender la citación que les hizo la bancada de la UNE. Y es que los pobres funcionarios están como el resto de los guatemaltecos, es decir, en absoluto gallo sobre el contenido y los efectos del acuerdo de Tercer País Seguro que suscribió Degenhart en nombre del Estado de Guatemala, redactado de manera que se disfrazara el verdadero sentido de los compromisos que asume nuestro país.
Y el Secretario Interino de Seguridad de Estados Unidos no vino a despejar dudas sino a hacer más presión, para lo cual le facilitaron reuniones con sectores susceptibles de ceder ante la extorsión. Está latente la amenaza lanzada desde la Casa Blanca contra los diputados que no aprueben el Convenio y hoy mismo se pueden leer opiniones en las que hubo un viraje de 180 grados como resultado de un breve intercambio con el enviado de Washington. Existe una espada de Damocles pendiente sobre los tres magistrados de la CC que han defendido la institucionalidad en el país y es obvio que desde la Embajada se están apretando tuercas para satisfacer la necesidad política de Trump que pasa por el “logro” de tener un Tercer País Seguro.
Expertos como Roberto Izurieta, director de Proyectos Latinoamericanos de la prestigiosa Universidad George Washington de Estados Unidos, analizan en sentido muy crítico el acuerdo que aquí se sigue disfrazando para no llamarlo de Tercer País Seguro, aunque el mismo Trump no tuvo pelos en la lengua para llamarlo por su nombre. Las condiciones de Guatemala no permiten que pueda operar como lo que se plantea en el acuerdo y Estados Unidos no está compartiendo responsabilidad con nadie sino la está trasladando a otros.
Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la migración atacando las causas que la generan, mismas que, por cierto, son producto de un cambio estructural y de mentalidad política impuestos desde 1954 cuando Estados Unidos, para defender a su empresa frutera, promovió una invasión que tenía la finalidad de detener cambios que pudieron significar avances en cuanto a las condiciones de vida de la gente más pobre. Ni siquiera se pudo intentar esa ruta porque era más importante el reclamo de la UFCO y las consecuencias de polarización están a la vista en una sociedad que no logra atender a sus miembros más vulnerables que son los que terminan haciendo maletas para migrar.
