Por: Adrián Zapata
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El “acuerdo” sobre “Tercer País Seguro” se firmó, como era de esperarse. Entrecomillo acuerdo, porque tal expresión implica voluntad de quienes participan, lo cual no es posible existiendo, en este caso, las asimetrías evidentes. Y hago lo mismo con Tercer País Seguro, porque tales palabras no aparecen en el “acuerdo”, pero lo “pactado” implica lo esencial de tal expresión.
Más allá de la discusión jurídica sobre los pasos que deberán darse para que el “acuerdo” cobre vigencia plena, en esta oportunidad quiero resaltar los siguientes aspectos, que me parecen relevantes.
En primer lugar, pudimos observar un gobierno que oculta y desinforma, que ejerce su función a espaldas de la ciudadanía, engañándola. Que se atrinchera en cuestiones formales, de uso de palabras, para negar lo que está haciendo. Paradójicamente, es el presidente Donald Trump quien lo evidencia a través de los Twitters que al respecto emite. Lo de Tercer País Seguro lo negó a pie juntillas el gobierno guatemalteco y Trump lo hizo explícito sin ningún complejo.
Una sociedad civil que se entrega sin tapujos al poder imperial si este le conviene a sus pretensiones y se asumen nacionalistas cuando sucede lo contrario. Recordemos. Los sectores progresistas, en tiempos del gobierno demócrata, cuando Todd Robinson era embajador en Guatemala, iban carrerita tras carrerita a la Avenida La Reforma, para garantizar su apoyo a sus pretensiones y mejor aún si podían viajar a Washington con los mismos propósitos. Unas derechas, en todos sus matices, que históricamente han sido dóciles ante los intereses imperiales y que, de manera esquizofrénica, de repente levantan la bandera de la soberanía cuando defienden la corrupción, la impunidad o sus groseros intereses económicos sin importarles la estabilidad social que los Estados Unidos quisieran que existiera en la región.
Un empresariado con un discurso de defensa del Estado de Derecho, que abandonan cuando la cobija legal no los protege, atacando sin rodeos la institucionalidad cuando ella no está al servicio de sus intereses. La Corte de Constitucionalidad es el ente que se encuentra en este torbellino de incoherencias empresariales, convergiendo con el Ejecutivo y su séquito.
Un discurso, desde las izquierdas y desde las derechas, que con manifiesta cobardía evitan enfrentar la verdadera causa de esta lamentable firma del acuerdo de “Tercer País Seguro”. Las fuerzas progresistas se lanzan contra el gobierno y el Presidente por servil ante los intereses imperiales, particularmente a los de Trump, señalando que quieren ganar esa voluntad a su favor, para que los dejen revertir los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las fuerzas retardatarias derechistas la acometen contra la Corte de Constitucionalidad, responsabilizándola de las consecuencias que tienen sus resoluciones para la economía nacional.
Como se ve, ¡nadie enfrenta a Trump! Todos actúan “pragmáticamente”, porque comprenden que son David frente al gigante Goliat, sólo que sin las agallas del primero.
En síntesis este dramático acuerdo, aún pendiente de tener un epílogo, sirve para analizar cómo, en Guatemala, el problema de fondo es el dominio imperial, el cual se encubre por todos, sean derechosos o progres, teniendo reyertas domésticas para ocultarlo.
