POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Los trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) continúan comprando su uniforme en los negocios que se encuentran en la zona 6, mientras que el déficit de sedes policiales y la precariedad se han evidenciado en los últimos días.
En al menos cuatro comercios que se ubican a inmediaciones de la Subdirección General de Apoyo y Logística y de la Academia de la PNC en la zona 6, los agentes policiales cotizan la indumentaria y los insumos que necesitan para realizar su trabajo, pues carecen de lo básico.
Además, deben invertir en materiales de oficina y limpieza, incluso, según relatan, en ocasiones carecen de papel para recibir denuncias en las comisarías; la misma población ha tenido que llevar hojas para ser atendida.
SEDES POLICIALES
El déficit y las deplorables condiciones de las sedes policiales son otro desafío que deben enfrentar los agentes de la institución policial.
Hace algunos días, fuentes policiales compartieron un video de una sede en Chicacao, Suchitepéquez, que evidencia cómo se inunda el inmueble por las lluvias y los policías deben sacar el agua.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó en marzo de este año el informe “Agenda de Desarrollo: seguridad ciudadana y justicia criminal”, donde destacó con información de 2018, que el Departamento de Infraestructura de la Subdirección General de Apoyo y Logística indicó que existen 896 sedes policiales, distribuidas en comisarías, estaciones y subestaciones, pero 10.5 por ciento, es decir 94 son en propiedad, las demás están en usufructo, son propiedad del Estado, municipalidades, Juntas Locales, Organismo Judicial, arrendadas, entre otros temas.
“Se evidencia la fuerte carencia de infraestructura que padece la PNC, lo que representa muchos desafíos. Al no ocupar inmuebles propios, se corre el riesgo que puedan ser desocupados o desalojados, es decir, no existe ninguna certeza de permanencia. Adicional a ello y quizá el punto más delicado, es que conforme las leyes presupuestarias, se prohíbe la posibilidad de realizar proyectos de inversión sobre inmuebles que no estén registrados a favor del Estado, lo que para efectos prácticos equivalen al 85% de las sedes policiales. Adicional a ello y como un aspecto relevante a considerar, es que los inmuebles prestados o arrendados a la PNC, por lo general resultan infuncionales para la dinámica policial”, explicó el CIEN.
Una de las recomendaciones del CIEN fue desarrollar un nuevo modelo de gestión, “los procesos de planificación, compras y adquisiciones no deben seguir basándose en necesidades inmediatas y anuales, sino desarrollar una proyección que traspase el corto plazo”, reiteró.
La Hora consultó al portavoz de la PNC, Pablo Castillo, para abordar estos temas, pero al cierre de esta no fue posible obtener respuesta.