POR AMY TAXIN Y ASHRAF KHALIL /AP
Un juez federal le impidió al gobierno del presidente Donald Trump aplicar nuevas restricciones a las solicitudes de asilo de los migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, el revés más reciente para un mandatario que libra una batalla acérrima en los tribunales para frenar la llegada de inmigrantes al país. La Casa Blanca se expresó en contra de la decisión.
El juez Jon Tigar, con sede en San Francisco, emitió su decisión ayer, horas después de que un magistrado en Washington decidiera que las normas permanecieran vigentes. El dictamen de California suspende la medida en toda la frontera en lo que las demandas siguen su curso legal.
La nueva medida le impediría a la mayoría de los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos si pasaron primero por otro país. La mayor parte de los migrantes que atraviesan la frontera provienen de Centroamérica, por lo que casi todos no cumplirían los requisitos para solicitar asilo debido a que tuvieron que pasar primero por México.
La Casa Blanca condenó la decisión del juez, calificándola de «tiranía de un sistema disfuncional». La secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham declaró hoy que los demandantes en este caso «hallaron un solo juez que trata de fijar la política migratoria de todo el país». Añadió que Trump «usará todas las opciones a su disposición para encarar este fallo infundado y defender las fronteras de nuestra Nación».
Las restricciones entraron en vigor la semana pasada, aunque hubo reportes contradictorios sobre si las agencias federales de inmigración las estaban ejerciendo o no.
Altos funcionarios federales aseguran que su plan desalentaría a los migrantes a dejar sus países de origen, lo que señalan es necesario para reducir el número de personas detenidas por los agentes fronterizos.
El juez dijo que la nueva medida podría exponer a los migrantes a la violencia y el maltrato, negarles los derechos que dictan las leyes internacionales y devolverlos a los países de los que huyen.
Reconoció que el sistema migratorio del país está saturado por el incremento en los arribos de migrantes centroamericanos que se ha registrado durante el último año.
«Pero buscar atajos para evadir la ley, o debilitar los límites entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, no son soluciones para estos problemas», declaró Tigar.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La política tiene excepciones que aún le permitirían a un migrante solicitar asilo en Estados Unidos: Si alguien ha sido víctima de trata, si primero solicitó y le fue negada protección en otro país, o si la nación por la que atravesó no forma parte de los principales tratados internacionales que rigen el trato a los refugiados, aunque la mayoría de los países occidentales ya los firmaron.
En tanto, decenas de miles de personas aguardan en México en listas oficiales y no oficiales creadas después de que los agentes federales comenzaron a rechazar a varios solicitantes de asilo con el argumento de que hay falta de espacio y retrasos en las cortes migratorias.
Los tribunales federales han impedido que entren en vigor otras propuestas del gobierno de Trump, incluyendo una restricción de otorgar asilo para todo aquel que cruce ilegalmente la frontera sur. Una corte también impidió que el gobierno detenga a los solicitantes de asilo sin darles la oportunidad de dejarlos libres bajo fianza.
