La desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, amplia y evidentemente apañada por el Ministerio Público, está por escalar a una nueva situación en la que van directamente, y con más ganas, en contra de los magistrados Bonerge Mejía, José de Mata Vela y Gloria Porras. Ayer en el Congreso se empezó a analizar la resolución contra la Ley de Amnistía que se está tramitando y se trabaja intensamente en buscar la forma de lograrlo a partir de una solicitud que hizo al director de la PNC el diputado Linares Beltranena para que fueran capturados por “delito flagrante”.
A ello se une el Ejecutivo, donde cayeron muy mal las resoluciones en contra del acuerdo de Tercer País Seguro y lo que impidió la compra de los aviones a Argentina. Por esas tres resoluciones se produce una comunidad de intereses de quienes pretenden descabezar la CC eliminando a los magistrados que no se han plegado para defender las acciones del Pacto de Corruptos que, aunque se le mencione menos, sigue operando viento en popa para asegurar la vuelta al reino de la eterna impunidad en nuestro país.
Se vienen horas críticas en contra de la legalidad en el país y hay que entender que el esfuerzo por descabezar a la CC es un típico golpe de Estado y que una vez rota la constitucionalidad irán por todo y no se conformarán con la captura de los magistrados que han enarbolado la bandera de la dignidad. La ruptura del orden constitucional en el país es algo sumamente grave porque confirma la existencia de una dictadura de la corrupción a la que no le basta embolsarse todo el dinero habido y por haber, sino que pretende consolidar la impunidad para que nunca más vuelvan a tener que sufrir los sobresaltos que del 2015 al 2018 les provocaron la CICIG y el Ministerio Público antes de que entrara en modo de eterna y estéril vigilancia.
Es necesario advertir a la ciudadanía de los esfuerzos que se hacen por atacar de manera directa a los tres magistrados señalados por Linares Beltranena y compañía porque se trata de una violación al Estado de Derecho y es el siguiente acto en el libreto que han preparado para consolidar el régimen de la corrupción. Y hasta aquellos que han aplaudido las acciones de Morales por su mutua necesidad de impunidad tendrán que entender que se está labrando la estaca en la que serán sentados porque la ausencia de legalidad terminará pasando una enorme factura a toda la sociedad guatemalteca.
