Factor Méndez Doninelli
Los campesinos no buscan alivios, no aceptan engaños, quieren y exigen que se produzca una reforma agraria que permita el desarrollo integral de la gente del campo.
La concentración de las mejores tierras cultivables del país está en manos de las élites oligarcas, producto del despojo histórico al que han sido sometidos los pueblos originarios. Este despojo abusivo y descarado es la génesis de la economía campesina de miseria y de la situación de pobreza y marginación de los pueblos originarios.
Por esas razones históricas, es legítima y justa la demanda de éstos por el acceso a la tierra, pues el modelo de la finca que sobresale hasta hoy, somete al mozo colono a condiciones de esclavitud moderna y condena a la miseria a su familia.
En Guatemala, el 73% de las mujeres pobres son del área rural, la mano de obra campesina es sobreexplotada y con altos índices de desprotección laboral, sólo el 10% de ellos tiene Seguridad Social. Esas y otras condiciones como la corrupción y la impunidad, colocan al país como una Nación injusta, desigual e inequitativa con una deuda social acumulada e ignorada por los gobernantes y las élites neoliberales.
Ocupamos el primer lugar en América Latina y el tercero en el mundo, de desnutrición crónica infantil. En Centroamérica, estamos en último lugar en Índice de Desarrollo Humano, estos datos deberían provocar vergüenza nacional.
El despojo de tierras y la explotación de la fuerza de trabajo, favorece a los propietarios de los medios de producción que siguen concentrando tierra y acumulando riqueza.
Las políticas públicas en el tema agrario, orientadas a la agro exportación y la dedicación de suelos para el monocultivo de agro combustibles, benefician a los terratenientes, aumentan la brecha de la pobreza social y vulneran la seguridad alimentaria. Esa situación estructural ensancha la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, exclusión y conflictividad social. Con esto, el país se aleja del progreso y el desarrollo social haciendo más difícil salir del subdesarrollo y la dependencia.
He insistido que para atender la demanda de los campesinos por el acceso a la tierra, es impostergable retomar y resolver el problema agrario mediante la ejecución de un programa de reforma agraria. La conflictividad agraria en Guatemala es un problema histórico estructural de graves dimensiones que los políticos neoliberales y la oligarquía nacional, se niegan a reconocer y atender.
Los oligarcas y neoliberales olvidan que tanto en Europa como en América, algunos países implementaron la reforma agraria, y lograron mejor distribución de la riqueza, disminuyeron la presión social y han construido sociedades más justas y equitativas. La clase política del país y sus representantes en el Congreso Nacional, deben aprobar la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, esto ayudaría a disminuir las brechas sociales entre población urbana y rural.
Un Estado responsable, un Gobierno respetuoso del Estado de Derecho y la Constitución Política de la República debe actuar en función del bien común como fin del Estado, pero no sucede en Guatemala; ocurre todo lo contrario, se criminaliza la lucha campesina, se reprime la demanda por la tierra y se reproduce la injusticia y la marginalidad social que afecta de manera particular la economía campesina y a otros sectores vulnerables.
