POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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Según el editorial de “The Washington Post” publicado ayer , titulado: “La administración de Trump debería luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Está haciendo lo contrario”, evidencia una política errada del gobierno de Estados Unidos hacia Guatemala, indicó la analista Úrsula Roldán.
“En la reciente aglomeración de solicitantes de asilo centroamericanos que se vierten sobre la Frontera Sur de los Estados Unidos, ningún país ha sido origen de más migrantes que Guatemala, donde la pobreza y ausencia de justicia se ven agravadas por una corrupción increíblemente generalizada. Eso sugeriría que la administración Trump, en su cruzada para disuadir a la migración, intensificaría los esfuerzos para luchar allí contra la corrupción y la impunidad. De hecho, está haciendo lo contrario”, escribe el TWP.
La postura editorial se dio en el contexto de una visita que haría el presidente Jimmy Morales a la Casa Blanca, en la que se preveía firmaría un acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para convertir a Guatemala en Tercer País Seguro para solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad.
Para Roldán, quien es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar (URL), ha sido una política errada de Estados Unidos, el haber quitado el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público, porque afectó la lucha que ya se tenía contra la corrupción e impunidad.
“Tiene efectos muy grandes, como el hecho que el presidente Jimmy Morales tenga libertad de acción según él, en su negociación con el presidente Trump en temas que desfavorecen totalmente al país”, añade Roldán.
El editorial continúa puntualizando en que “Durante una década antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, Estados Unidos brindó un respaldo diplomático y financiero crítico a una comisión anticorrupción extraordinariamente efectiva que procesó a cientos de legisladores, funcionarios y otras personas guatemaltecas involucradas en docenas de esquemas y redes criminales”.
Para septiembre, la CICIG deberá retirarse del país, debido a que Morales no renovó su mandato para continuar apoyando al MP.
Asimismo, Roldán mencionó que algunos congresistas estadounidenses continúan insistiendo para que Estados Unidos regrese a esa política en consenso entre demócratas y republicanos, sobre lucha anticorrupción e impunidad no solo en Guatemala sino en Centroamérica.
El editorial también señala que: “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, supervisada por las Naciones Unidas, tenía un aliado estratégico clave en Thelma Aldana, una cruzada anticorrupción que, como fiscal general de la nación de 2014 a 2018, lanzó un ataque frontal devastador contra las élites atrincheradas que se habían enriquecido durante décadas sin consecuencias; ella envió unos 250 a la cárcel. Entre los acusados se encontraba el ex presidente, Otto Pérez Molina, quien renunció en desgracia, y el actual presidente, Jimmy Morales, quien ha negado las irregularidades”.
Por su parte, la analista independiente, Stephanie Rodríguez, dijo que el editorial es la muestra de lo que el presidente estadounidense Donald Trump anunció desde que asumió el cargo.
“El hecho que el presidente Morales empieza de forma corrupta a debilitar a la CICIG con acciones como quitarles elementos policiales y anunciar su no renovación, Estados Unidos en ningún momento se opone rotundamente como en un momento lo hizo el embajador Todd Robinson”, agregó.
Asimismo, añadió que es un mensaje muy claro del país norteamericano en querer mantener el statu quo a tener una lucha frontal contra la corrupción.
