Carlos Figueroa Ibarra
Con esta frase comienza el capítulo de conclusiones y recomendaciones del informe “Última oportunidad para la justicia en Guatemala” de Amnistía Internacional. Recientemente publicado el mismo es una alarmante reseña de los “peligrosos retrocesos para los derechos humanos y lucha contra la impunidad” que se observan en el país. Al leerlo he pensado en la enorme paradoja del gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Como es harto sabido, Morales era un político condenado a la marginalidad en 2015 cuando surgió un poderoso movimiento ciudadano que se rebeló contra la corrupción. Fue esa ola de indignación la que inesperadamente lo llevaría a la Presidencia de Guatemala navegando sobre la imagen del ciudadano puro.
Amnistía Internacional documenta ampliamente en su informe, que en los últimos cuatro años hay un enorme retroceso con respecto a los avances que Guatemala había observado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El gobierno de Morales ha desmantelado los avances observados desde 2007 cuando empezó a funcionar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante once años la CICIG logró identificar más de 60 estructuras criminales y presentó más de 100 casos relacionados con derechos humanos, libertades civiles, derecho a la salud e independencia judicial. Con razón en abril de 2019 la popularidad de la CICIG llegaba a 70%.
Sostenido en la ultraderecha empresarial y política, el gobierno guatemalteco ha impulsado diversas acciones que conducen al Estado guatemalteco a ser cooptado por el crimen organizado. En septiembre de 2017 el Congreso intentó aprobar reformas al Código Penal para atenuar o conmutar penas para el delito de financiamiento electoral ilícito y corrupción. En 2018 promovió las iniciativas de ley 5466 y 5474 contraviniendo estándares internacionales de prisión preventiva para liberar a acusados de corrupción y crímenes cometidos durante el conflicto interno. También se promovieron iniciativas de ley como la 5377 que persigue amnistiar a personas acusadas y condenadas de crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. En febrero de 2019 se impulsó la iniciativa de ley 5257 que propicia el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y criminalización de los defensores de derechos humanos.
Desde enero de 2018 el flamante ministro de Gobernación Enrique Degenhart suspendió la colaboración entre la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Policía Nacional Civil. Ese año se observó una cifra récord de 28 asesinatos y 18 intentos de asesinato contra defensores de derechos humanos. En mayo de 2019 anunció el control del Archivo Histórico de la Policía Nacional. En agosto de 2018 se anunció que la CICIG dejaría de funcionar el 3 de septiembre de 2019 y aumentaron los ataques y amenazas a jueces y fiscales. Los ataques contra la CICIG se arreciaron cuando en septiembre de 2018 el gobierno le impidió el retorno al país a su director Iván Velásquez.
Amnistía Internacional nos alerta con respecto a que en Guatemala el Estado está a punto de dejar de ser materialización de lo público y está convirtiéndose en una maquinaria criminal.
