Adolfo Mazariegos
El sábado recién pasado asistí a un evento al que fui amablemente invitado por un grupo de estudiantes universitarios que organizaron un conversatorio a manera de inauguración de su semestre lectivo. El ejercicio, según me indicaron, fue organizado de forma independiente con el sólo propósito de abordar desde el ámbito académico-estudiantil, la situación política por la que atraviesa el país a raíz del (por demás decirlo) cuestionado proceso electoral vigente. La actividad me hizo recordar que en Guatemala suele decirse, mitad en serio mitad en broma, que el país tiene mala memoria (hablando en términos de aquello que afecta a la sociedad en su conjunto), particularmente en lo que respecta a lo político, que no es lo mismo que la política aunque estén íntimamente ligados como es de suponer que sea, y al ejercicio del poder en el sentido de esa aptitud que podríamos describir someramente como la capacidad de hacer o dejar de hacer algo o lograr que los demás hagan o dejen de hacer algo. En tal sentido, cierto o no, en dicho evento pude percibir que un considerable número de conclusiones confluían en un mismo punto: una confusión con respecto a la soberanía del Estado y a la forma de determinar quién es el soberano. Por ello, (más o menos) me permito transcribir lo que palabras más palabras menos les hice ver a los entusiastas universitarios, para que en la medida de lo posible, tratemos de recordarlo: En un sistema republicano, con régimen presidencialista, y en el ámbito de la «democracia» –como es el caso de Guatemala, según la Constitución Política de la República–, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los tres Organismos de Estado cuya separación de poderes es una de las características fundamentales del sistema y cuya subordinación entre sí está prohibida por la Ley (Véanse: Artículos 140 y 141 de la Constitución Política de la República). Además, vale la pena recordar que cuando el ciudadano, a través de su voto delega la parte de soberanía que por derecho le corresponde, también está dando un mandato a los gobernantes y funcionarios para que puedan ejercer sus funciones. Pero he ahí, justamente, donde empieza la confusión. Por ello es preciso tener claro que el soberano sigue siendo el pueblo, no el gobernante, éste, en todo caso, no es más que un depositario de dicha soberanía y sigue estando supeditado, por lo tanto, al cumplimiento de sus funciones en el marco de la ley. Un Presidente no es un monarca, sino un mandatario, es decir, la persona a quien a través del voto se le ha dado el mandato de representar al Estado y está encargado de encabezar la administración pública. Es importante recordar, asimismo, que los funcionarios públicos no son dueños del cargo, y sin importar si fueron electos popularmente, nombrados o designados, están obligados a llevar a cabo sus labores con transparencia, en función de un fin común y rindiendo cuentas… Es conveniente no olvidar quién es el soberano.
