Edgar Villanueva
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Discutiendo recientemente con una colega, hablábamos de la permeabilidad de las instituciones del Estado de Guatemala a la influencia del narcotráfico y continuando con la reflexión, me he podido dar cuenta de la profundidad aparente de la influencia de los traficantes de droga sobre las instituciones públicas. Esta es evidente desde las alcaldías hasta la Policía Nacional Civil, y según afirman expertos en la materia, llega hasta las altas esferas de la política nacional.
En la misma plática, hacíamos alusión a que las estructuras permeadas, no están bajo el completo dominio narco. Dependiendo de la institución, en mayor o menor medida, hay todavía funcionarios que hacen su trabajo ya sea lejos de la influencia de estructuras de crimen organizado, y la gran pregunta que me formulaba esta colega fue ¿será que quienes ostentan más poder, están más influenciados? Y me argumentaba que ese era precisamente el problema, que son las cúpulas a las que usualmente son abordadas por el narcotráfico.
Esta característica la podemos ver en la elección reciente de alcaldes y diputados. Sin invertirle mucho tiempo a la investigación podemos observar varios funcionarios electos sindicados de vínculos con el narcotráfico. Elegimos a bancadas casi completas con integrantes que han sido señalados (y que tienen todo su derecho de defenderse) de estar unidos por lazos operativos con estructuras de trasiego de drogas.
Algunos tienden a ver esos nexos como algo que no nos afecta directamente, por lo que creo que nos deberíamos preguntar, ¿Qué efectos, además del deseo del narcotraficante que sus cargamentos pasen sin interrupción a cambio de “plata o plomo”, tiene la convivencia del Estado con el crimen organizado?
En mi opinión, esta relación distorsiona la voluntad popular y la labor pública de manera importante. Por ejemplo, en las campañas políticas, el dinero del narcotráfico inclina la balanza a favor de ciertos candidatos y en contra de aquellos que no usan dinero ilegal y que, por ende, ya dan una muestra inicial de ser íntegros. De igual manera, el narcotráfico también distorsiona la labor pública, generando ingresos adicionales para funcionarios, que, en lugar de luchar por la dignificación y mejora de sus salarios y sus capacidades, optan por callar y recibir el sobresueldo. Y así tenemos un sinfín de ejemplos del efecto distorsionador y corrosivo de la permeabilidad estatal por parte del crimen organizado.
Con estos ejemplos, podemos ver de manera ilustrativa como la convivencia de la política con el narco nos afecta directamente generando una red de funcionarios que en lugar de velar por los intereses ciudadanos y trabajar para motivar los cambios que permitan que el Estado provea sus servicios de manera eficiente, se dedican a “ver hacia el otro lado”. En esa fracción de segundo, estos servidores descuidan una función vital del Estado, proteger al ciudadano y al mismo tiempo, ponen en riesgo la seguridad de Guatemala y de nuestros vecinos, especialmente los del Norte, quienes ya están poniendo más énfasis en el asunto.
