Fernando Mollinedo C.
Los gobiernos de nuestro país, ante cualquier movimiento social de protesta, requerimiento de aplicación de la ley o demandas de cumplimiento de derechos por parte de la ciudadanía, se han caracterizado por la conformación de comisiones, comités ad hoc, mesas de trabajo, mesas de diálogo y cuanta forma administrativa exista para hacerse los papos en la resolución de los problemas planteados.
De esa manera, de entradita, se propone: la reforma estructural de las instituciones; lo cual significa una forma o sesgo para controlar el poder por más tiempo. Cuando se habla de reformas, se entiende, per se, que serán cambios para implementar procesos que permitan terminar con la inseguridad jurídica en todos sus aspectos, en temas donde no existe por la violación a los derechos de los ciudadanos y además, exigir justicia para la recta y cumplida aplicación de las leyes.
Se confía en que dichos grupos de trabajo o como se les llame, encaminen su esfuerzo para evitar las conductas dictatoriales de los gobernantes que violentan el Estado de Derecho, humillando, reprimiendo, encarcelando y pisoteando la dignidad de sus críticos y líderes campesinos sin distinción de sexo o edad; corroborando con ello, que el aparato del Estado está sometido al servicio incondicional de las transnacionales sin necesidad de invasión armada alguna, como sucedió en el año 1954.
En Guatemala, la mayoría de la población no está en capacidad de organizarse y defender los derechos que por naturaleza le corresponden; esto lo aprovechan los gobiernos para aniquilar los disensos sociales basados en la ideología de libertad, de orgullo nacional, de esperanza por un mejor mañana respondiendo con la formación de “comisiones” que usualmente no rinden los frutos esperados, formación de leyes aberrantes y el uso de la televisión y la radio como Aparato Ideológico del Estado (AIE).
Ante la respuesta cada vez más organizada de las comunidades y los ciudadanos en la ciudad y en el campo, la respuesta del Gobierno ha sido la violencia con discursos que incriminan a los oprimidos como una forma de crear miedo y pánico para acallar las injusticias, estas acciones violatorias de los derechos humanos son parte de la pesadilla neoliberal, en cambio, los políticos corruptos de ayer y de hoy gozan sus fortunas sin el menor sonrojo ni vergüenza.
Cuando se aplica la ley a los disidentes sociales, esta es más veloz que rápido y furioso, ¿será eso el denominado terrorismo de Estado? La componenda entre autoridades edilicias y judiciales, judiciales y ejecutivo, ejecutivo y legislativo, legislativo con poderes ocultos (léase financistas y militares) son los sesgos que permiten, o, tras de los cuales “trabajan” las comisiones y mesas de trabajo?
¿Cuándo tendrán resultados favorables los campesinos y agricultores independientes de las mesas “técnicas” de trabajo? ¿Cuándo habrá una verdadera proyección del extinto UDEVIPO o como se llame ahora para que los “invasores” de terrenos baldíos oficiales y particulares tengan una “casa segura”? ¿Cuándo dejarán de huevear los funcionarios?
