Carlos Figueroa Ibarra
El miércoles 26 de junio corrió el rumor de que se estaba fraguando un golpe de Estado en Guatemala. Difícil de creer puesto que hoy los golpes de Estado ya no son tan frecuentes. En realidad la noticia sin fundamento surgió de la decisión de la Fiscalía General de allanar la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El referido allanamiento se hizo para poder obtener evidencias, información y copias de respaldo o seguridad de la base de datos informáticos y digital de la primera vuelta electoral realizada el 16 de junio. ¿Busca la Fiscalía ayudar al TSE o deslegitimarlo?
La derecha guatemalteca se ha esforzado en difundir la narrativa de que las elecciones recién pasadas han sido fraudulentas. Han basado sus apreciaciones en el hecho de que en efecto ha habido inconsistencias alegadamente no sustanciales, entre los datos registrados y los que inicialmente se reportaron. Todo lo que se ha podido saber indica que en efecto hubo anomalías como acarreo y compra de votos, probablemente adulteración de datos y malos recuentos, pero que tales hechos no alteraron esencialmente los resultados electorales principalmente en lo que se refiere a las votaciones presidenciales. Tal es el sentir de lo expresado por algún especialista que se han dado a la tarea de revisar las cifras de las votaciones y ha adjudicado las inconsistencias a “un error sistemático no deliberado que no favorece o perjudica a ningún partido en específico”. Otras inconsistencias se han adjudicado a fallas humanas en el recuento y consignación de votos que han perjudicado por igual a todos los participantes. Por todo ello ha sido muy saludable el compromiso del TSE de hacer un recuento con base en las más de 20 mil actas electorales a efecto de desterrar las suspicacias.
La propaganda negra de la derecha en el país, empezando por el propio presidente Jimmy Morales y su partido, también el candidato que ocupó el tercer lugar (Edmond Mulet) y otros actores ultraderechistas, pretenden crear la percepción de un fraude tan grande que debería conducir a la anulación de las elecciones. No es esa la opinión de Alejandro Giammattei, quien debería contender con Sandra Torres en la segunda vuelta. Desde hace varios días me he preguntado acerca de la insistencia de la derecha guatemalteca en la narrativa del fraude. Probablemente no les gusta que haya ganado Torres y su partido (UNE). Este proceso electoral ha estado marcado por la lucha del Pacto de Corruptos para lograr un resultado que le garantice impunidad. Aunque Sandra Torres no es Thelma Aldana, representa a una fuerza que tiene ambigüedad frente a la CICIG. Cualquiera puede conjeturar dicha ambigüedad cuando se recuerdan los motivos de la renuncia del excanciller Carlos Raúl Morales, compañero de la fórmula presidencial de Sandra Torres. En todo caso, la anulación de las elecciones prolongaría el mandato de Jimmy Morales y daría tiempo a los corruptos. En los próximos días dilucidaremos los propósitos del allanamiento judicial al TSE. Y veremos si es sostenible la hipótesis del golpe de Estado.
