Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
La Comisión Presidencial de Diálogo (CPD), informó anoche que ya existe un proceso de preparación para el abordaje y evaluación del resarcimiento económico que demanda los exsoldados de tropa del Ejército de Guatemala, la cual deberá contar con certeza jurídica.
“Existe una propuesta que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría General de la Nación”, indicó la CPD en un comunicado de prensa, que también participa en dicha propuesta.
Sergio Flores, titular de la CPD, manifestó que existe buena voluntad política de parte de los involucrados en el proceso de negociación para facilitar las vías del diálogo y dar respuestas prontas a las demandas.
Asimismo, informaron que ya se conformaron mesas de trabajo para sobre las solicitudes de los exmilitares en torno a tierras, viviendas y salud, que estarán conformadas por el Fondo de Tierras, Ministerio de Salud y Ministerio de Comunicaciones.
ACUERDOS
La CPD indicó que tras la reunión de ayer, a la cual no fue convocada la prensa, que se alcanzaron varios acuerdos con los veteranos militares.
Entre estos acuerdos están la unificación de criterios para atender las peticiones de lo exsoldados, en torno a remitir dicha información a otros grupos involucrados en el proceso; además, se acordó que debe respetarse el marco jurídico institucional para atender las demandas.
También se acordó que la próxima reunión con los exsoldados se realice el 15 de julio y que se avanzará en el proceso de homologación de la información según anuencia y competencia del Ministerio de la Defensa Nacional.
En la próxima reunión también se informará sobre los avances en la sustentación de la base legal para propuesta económica.
Por último, resaltaron que los exsoldados acordaron no ejercer ninguna actividad que “altere el orden nacional”, además de que se comprometieron a “mantener y cuidar el proceso de diálogo”.
Dicha reunión había sido pospuesta pocos días después de las elecciones generales, las cuales se vieron ensombrecidas por la utilización de recursos públicos con fines electorales, según las denuncias que hicieron organizaciones.
Más de 17 mil exsoldados exigen un resarcimiento de Q85 mil, e incluso habían amenazado con boicotear las elecciones si sus demandas no se acataban.
