Errores cometidos en la elaboración de algunas actas y en la transmisión de datos de las elecciones del pasado domingo vinieron a colocar al Tribunal Supremo Electoral en incómoda posición, que debiera resolverse con el anuncio de que se hará una revisión acta por acta de todas las mesas receptoras de votos para afinar los datos y establecer plenamente el resultado final de las elecciones presidencial, de diputados, corporaciones municipales y diputados al inútil y estéril Parlacen.
Pero esos errores, que se pueden subsanar con la revisión acompañada por los fiscales de los partidos políticos, está siendo aprovechada por diversos grupos y, especialmente, por el partido oficial y el mismo Presidente de la República que desde hace meses viene haciendo una labor de zapa tremenda en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No deja de ser curioso que sea el oficialismo, que trató de influir en los electores derrochando recursos públicos en una descarada intención de comprar votos, y el partido antisistema que tiene sus bases en Codeca, quienes más insistan en el tema de un fraude electoral. Obviamente las intenciones de cada uno son distintas, puesto que mientras el MLP está denunciando todo el sistema, incluyendo la forma en que se eligen autoridades, el oficialismo trata de revertir los efectos de una derrota aplastante que se produjo a pesar de las burdas acciones clientelares impulsadas con fondos públicos.
A lo largo de estos años hemos visto acciones que parecían ilógicas y hasta torpes, pero que han sido bien planificadas y ejecutadas por quienes operan tras bastidores para permitir logros como el de eliminar a la CICIG y retomar el control del Ministerio Público para asegurar que el reino de la impunidad permanezca sin sobresaltos. Y debemos asumir que los ataques del Presidente al Tribunal Supremo Electoral corresponden a esa estrategia y planificación, sobre todo luego de que varios de los activos operadores del Pacto de Corruptos sufrieron el voto de castigo de la ciudadanía guatemalteca.
Es momento en que el Tribunal Supremo Electoral actúe con la mayor precisión y diligencia en acelerar el proceso de revisión de las actas conjuntamente con los fiscales de los partidos políticos para contener las insistentes denuncias de fraude que vienen haciendo quienes pretenden perpetuarse en el poder y sienten que lo pueden lograr mediante un manotazo que anule todo el proceso de elecciones. La más absoluta transparencia, que implica el reconocimiento de los errores, es el antídoto para disipar dudas que se han ido sembrando desde las poco fiables redes sociales.
