POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
Seis de siete diputados que fueron señalados por el Ministerio Público y la CICIG de aprobar la normativa conocida como Ley Tigo a cambio de sobornos, podrían enfrentar la justicia el próximo año, pues quedarán sin inmunidad al no continuar en el Congreso.
Se trata de los parlamentarios Estuardo Galdámez, FCN Nación; Juan José Porras, ViVA; Mirma Magnolia Figueroa, Podemos; Marco Antonio Orozco, Podemos; Haroldo Quej, UNE y Gustavo Medrano, Unionista, quienes enfrentan una solicitud de antejuicio por ese caso.
Sin el derecho de antejuicio que perderán el próximo año, los parlamentarios podrían ser investigados, a excepción de Boris España, quien también es acusado por ese caso, pero continuará con inmunidad, pues logró su reelección con el partido TODOS.
Los diputados son acusados por el MP y la CICIG de posiblemente incurrir en los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
NO LOGRAN INMUNIDAD
Galdámez no buscó su reelección, sino se postuló como candidato a la Presidencia del país con el partido oficial FCN Nación, pero los escasos votos que obtuvo no le permitieron ir a una segunda vuelta electoral, por lo que el próximo año perderá su inmunidad.
Haroldo Quej buscó una diputación al Parlacen, pero por no cumplir con todos los requisitos para inscribirse al Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su candidatura.
Medrano quiso ser el alcalde de Chinautla como lo fue su padre, pero no lo consiguió al no tener el número de votos requerido.
Entre tanto Orozco, Porras y Mirma Figueroa no alcanzaron acuerdos con partidos políticos para buscar su reelección.
EL CASO
Según investigaciones del MP y la CICIG, en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo.
De acuerdo con las pesquisas, la normativa fue hecha para favorecer a la telefonía Tigo, por lo que esta fue elaborada en conjunto por representantes de dicha empresa y por diputados que siguieron las instrucciones que les giró la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
A cambio de aprobar esa ley, la telefonía prometió dar una dádiva de Q50 mil bimensual a cada diputado que votó a favor de la normativa.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”)”, dice la investigación del MP y CICIG.
Por este caso también enfrenta antejuicio el ministro de Economía, Acisclo Valladares.
