Víctor Ferrigno F.
Quienes ostentan el poder, son los mismos que diseñan y controlan las instituciones del Estado. Por ello, los sistemas político-electorales se articulan para asegurarse que solamente una porción reducida del poder cambie de manos, se cumpla con el ritual de la democracia formal, y se legitime el ejercicio del gobierno de las minorías dominantes.
Es por ello que, desde hace décadas, he sostenido que en Guatemala hay libertad para votar, pero no para elegir. En ese contexto, la ciudadanía es convocada cada cuatro años a votar por candidatos (presidenciales, legislativos, edilicios) que postulan partidos que el sistema político ha filtrado y se han comprometido a respetar las reglas del juego no escritas: se vale disputar el gobierno, más no el poder.
El actual proceso ha sido atípico, pues dos candidatas de oposición han desafiado al poder dominante y se perfilan como una amenaza al dominio de los oligarcas venales, los políticos corruptos y los militares genocidas, quienes se cubren con un manto de impunidad construido por décadas, comprando o amenazando fiscales, jueces y magistrados.
Thelma Aldana primero, y Thelma Cabrera después, han demostrado que el dominio del “Pacto de Corruptos” puede ser derrotado. Para sacar del juego electoral a Aldana, la Fiscal General le armó un caso de persecución penal exprés, logrando que todo el aparato estatal le cerrara las puertas de la contienda, hasta obligarla a permanecer fuera del país.
Aldana era una candidata con altas posibilidades de llegar a la Presidencia, y la única con suficiente apoyo popular para disputarle a Sandra Torres el primer lugar. Judicializando las elecciones, el sistema dominante excluyó a Aldana, asegurándose que pudiera haber nueva administración, pero que se mantuvieran los mismos dueños de la finca.
Thelma Aldana no fue la única excluida del proceso electoral mediante acciones judiciales; también le aplicaron la receta a Alfonso Portillo, sabedores que si era electo diputado, podría dirigir el Congreso o, por lo menos, hacerlo menos controlable a la oligarquía moribunda.
El caso de Thelma Cabrera fue diferente; el “Pacto de Corruptos” estaba seguro que la candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) obtendría un caudal electoral irrisorio, como la de la mayoría de los demás partidos que se reputan de izquierda, y terminaron desapareciendo por falta de respaldo social. Sin embargo, Cabrera alcanzó el cuarto lugar en la contienda, a menos de un 1% del tercer lugar, a pesar de ser pobre, mujer, indígena, y opositora al sistema.
Si los partidos de la autodenominada izquierda guatemalteca, incluido el MLP, hubieran superado su inveterado sectarismo y se hubieran unido, Cabrera habría superado el 20% de los votos y sería la contendiente contra Sandra Torres en la segunda vuelta, pues los votos antisistema, sumados a blancos y nulos superan a Torres por mucho. En conclusión, el sectarismo de la oposición es mayor que el dominio de la derecha extrema.
A estos factores se suma el uso de los recursos públicos para comprar votos, mediante bonos del MAGA para combatir el hambre estacional, más las amenazas de expatrulleros y exsoldados de impedir las votaciones si no se les indemnizaba. Amén de las 1,300 denuncias por presuntos delitos electorales presentadas al MP; las amenazas al Fiscal de Delitos Electorales y su salida del país; las vacaciones del Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, en medio de las votaciones, etc.
Tambaleándose, el sistema de dominación se sostiene una vez más, mediante un proceso electoral errático, irregular y judicializado, hasta que la ciudadanía se insurreccione y defina su futuro, sin regalos y sin cantos de sirenas.
