Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
Luego que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, hablara de que se hacía una revisión del Convenio Centroamericano de libre movilidad o CA-4 con apoyo de abogados del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., analistas consideran que el Gobierno de Guatemala ya no tiene la legitimidad ni la representación del Pueblo para tomar ese tipo de decisiones.
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar (URL) indicó que esta propuesta es una irresponsabilidad del Gobierno de Guatemala, “que ya no tiene ni la legitimidad ni la representación de la población guatemalteca, porque además ya está de salida”.
Agregó que “los daños a las políticas públicas podrían ser irreversibles, es una irresponsabilidad que lo estén planteando, no solo en esta coyuntura sino sabiendo que el tema migratorio está sumamente delicado, que hay mucha gente que está huyendo de los países de Honduras, El Salvador o Guatemala, lo que los gobiernos centroamericanos deberían de hacer es sentarse a asumir su responsabilidad, porque estas personas no están yendo por su deseo de irse, ni por su deseo de romper las leyes fronterizas, sino que están huyendo de sus países por la falta de políticas públicas favorables para cambiar sus condiciones de vida”.
Roldán señaló que es una medida más bien de tipo represiva y violenta, “lo que va a hacer es que puede generar víctimas más de las que ya tiene este éxodo migratorio”, apuntó.
AUTORIDADES OBLIGADAS A FORTALECER LA INTEGRACIÓN
Mientras que el ex canciller Gabriel Orellana indicó que se debe ver el artículo 150 de la Constitución, porque en su parte final dice que las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad.
“Este artículo si se relaciona con el 149 de la Constitución dice que Guatemala normará sus relaciones con otros Estados con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la Paz, respeto y defensa de los derechos humanos etc.” dijo Orellana.
Además, refiere que “con esto lo que nos están diciendo es que Guatemala no es un Emiratos y con el segundo que el Presidente no es un jeque que puede hacer lo que se le dé la gana con las relación internacionales del país y mucho menos con las relaciones centroamericanas, esto le pone al Presidente una camisa de fuerza para poder hacer y manejar a su antojo las relaciones intercentroamericanas, porque se supone que somos una comunidad y ahí es donde se habla del derecho comunitario centroamericano”, manifestó.
Orellana agregó que con todo esto “nos está poniendo en un plano en el que Guatemala prácticamente ya la ley no vale nada y los tratados internacionales son exactamente papel mojado”.
El exdiplomático señaló que “la seguridad jurídica en este momento no la tenemos expresada solo sobre el derecho nacional, sino que también sobre el derecho internacional, desde el 2016 hasta la fecha prácticamente Guatemala se considera casi como que fuera un Estado medieval o un Estado libre asociado a los Estados Unidos”.
