BUENOS AIRES/AP
El gobierno argentino denegó hoy a la exmandataria Cristina Fernández la posibilidad de cobrar simultáneamente su asignación como viuda de su antecesor Néstor Kirchner y la que le corresponde por haber ejercido la Presidencia y la instó a elegir una de las dos.
La resolución firmada por el presidente Mauricio Macri fue publicada en el Boletín Oficial y rechazó un recurso presentado por Fernández (2007-2015) contra una decisión del Ministerio de Desarrollo Social que en 2016 le prohibía cobrar ambas prestaciones.
Con esta medida, el Ejecutivo dio por agotada la vía administrativa pero Facundo Fernández Pastor, abogado de la expresidenta, recordó a El Destape Radio que la exmandataria María Estela Martínez (1974-1976), viuda del presidente Juan Domingo Perón, se benefició con las dos asignaciones.
El abogado agregó que la medida es “un acto más de propaganda” producto de la “persecución política” en contra de la senadora, quien se postula como vicepresidenta en una fórmula en la que acompaña a su exjefe de Gabinete Alberto Fernández para las elecciones de octubre. En esos comicios Macri buscará la reelección.
Fernández obtuvo una prestación como viuda tras la muerte de su marido en 2010 y al término de su segundo mandato en diciembre de 2015 comenzó a cobrar otra como exmandataria.
Pero un año después, durante el gobierno de Macri, el Ministerio de Desarrollo Social suspendió el pago de la asignación como expresidenta “ante la evidencia de incompatibilidad” con la otra prestación y la instó a elegir una de las dos y devolver los montos recibidos los meses siguientes al final de su mandato.
El Ejecutivo se basó para ello en una ley nacional que establece que la percepción de la asignación como expresidenta “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal».
Fernández presentó un recurso para mantener las dos asignaciones al entender que su recepción no se encuentra alcanzada por la “incompatibilidad” mencionada en la ley, pero no tuvo éxito. La actual senadora se consideró víctima de una persecución por parte del Estado con la finalidad causarle un daño patrimonial y personal.
En el decreto, el gobierno observó que la postura de Fernández “insistiendo en mantener simultáneamente dos regímenes especiales o de privilegio resulta antijurídica”.
La exmandataria tiene posibilidad de hacer el reclamo por la vía judicial.
