Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” sentenció esta noche a diez personas vinculadas con el despojo de tierras en el departamento de Petén, en una investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El Tribunal resolvió que los sindicados incurrieron en delitos de usurpación agravada en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. La judicatura los declaró no culpables por el delito de asociación ilícita.

La condena impuesta por el Tribunal de Mayor Riesgo “B” son las siguientes:

– Walter Obdulio Mendoza Matta: 16 años de prisión. Multa de Q3 millones 185 mil 585. Delitos: usurpación agravada en forma continuada y lavado de dinero u otros activos
– Jeffrey Obdulio Mendoza Tally: 6 años de prisión. Multa de Q2 millones 691 mil. Delito: lavado de dinero u otros activos.
– William Alfredo Mendoza Tally: 6 años de prisión. Multa de Q3 millones 193 mil. Delito: lavado de dinero u otros activos.
– Mariana Isabel Mendoza Tally: 6 años de prisión. Multa de Q2 millones 690 mil. Delito: lavado de dinero u otros activos.
– Pablo André Mendoza Paz: 6 años de prisión. Multa de Q1 millón 588 mil. Delito: lavado de dinero u otros activos.
– Julia María Murillo Arteaga: 6 años de prisión. Multa de Q412 mil. Delito: lavado de dinero u otros activos.
– Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz: 16 años de prisión. Multa de Q1 millón 293 mil 700. Delitos: usurpación agravada en forma continuada y lavado de dinero u otros activos.
– René Danilo Mejía Mejía: 3 años de prisión. Delito: usurpación agravada.
– Nehemías Matheu López: 2 años de prisión. Delito: usurpación agravada.
– José Gabriel Torres Ayala: 2 años de prisión. Delito: usurpación agravada.

Según las investigaciones, Walter Obdulio Mendoza Matta era el líder de una estructura criminal que despojó un conjunto de tierras a campesinos, esto por medio de amenazas, engaños y violencia en el departamento de Petén.

Las líneas de investigación señalan que las víctimas habían sido beneficiadas con bienes inmuebles otorgados por el Fondo de Tierras (Fontierras), sin embargo, añaden, fueron funcionarios de esa misma institución quienes facilitaron la adquisición de las fincas por parte de Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramirez Ortiz, también condenado en este caso.

Para ello, señalan las pesquisas, la estructura utilizó notarios que elaboraban escrituras nuevas de las fincas para inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Las propiedades fueron vendidas y el beneficio económico habría alcanzado los Q24 millones.

La Fiscalía concluye que la suma millonaria fue administrada por Ramírez Ortiz, quien se apropió de la totalidad de las tierras despojadas a los campesinos y posteriormente canalizó dichos recursos a miembros de la familia de Walter Obdulio Mendoza Matta.

 

 

 

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