La más reciente incautación de droga que se realizó en Guatemala, con un monto estimado por el Gobierno de más de doscientos millones de quetzales, sirvió para que el ministro de Gobernación cuestione la tesis de que Guatemala es un país en riesgo de convertirse en Narco-Estado como consecuencia de la influencia que en la política del país tienen los traficantes, como se demostró con el Caso del candidato presidencial Mario Estrada, quien hizo tratos con supuestos miembros del Cártel de Sinaloa, no sólo para financiar su campaña sino para asesinar a sus rivales políticos.
El Gobierno sostiene que han hecho más incautaciones que en otros períodos, pero es bueno preguntarnos cuánta droga será la que logra pasar sin ser detectada y cuánta gente está tan involucrada en el trasiego que hasta movilizan pobladores para impedir que las fuerzas de seguridad puedan llegar a los sitios en donde se localizan aviones que ya no son simples avionetas, sino naves Jet con una enorme capacidad de carga.
Las incautaciones, según se puede establecer en la abundante literatura que hay sobre el tráfico de drogas, mucha veces son producto de denuncia que hacen los cárteles competidores para irse eliminando mutuamente. La misma DEA reconoce que la principal fuente de información que existe para dar con cargamentos proviene de otros narcotraficantes.
Pero no se pueden cuestionar las facilidades que han logrado en Guatemala para operar con tranquilidad e inmunidad gracias a la cooperación de autoridades de todo tipo y nivel. No se trata únicamente de alcaldes del interior que ponen a sus municipios al servicio de los cárteles, sino que también hay otro tipo de funcionarios y autoridades que se involucran a cambio de jugosos sobornos, entre ellos elementos de las fuerzas de orden y seguridad del país.
Advertir sobre la ruta que nos está llevando a ser Narco-Estado no es un invento malicioso de nadie sino producto de una realidad que se hizo más visible con el Caso de Mario Estrada, quien no es ni por asomo el único político que tiene tratos y arreglos con los narcos para garantizarles justamente lo que ofreció el excandidato de la UCN, es decir, cooperación del más alto nivel para garantizar el libre trasiego de la droga.
Nadie puede hacer un estimado de qué porcentaje de la droga que pasa por nuestro país es incautada y menos aún cuánta de ella cae como resultado de investigaciones locales o de la misma DEA, sin que esas acciones tengan que ver con la guerra entre cárteles.
