#NoNosCallaras
Por Jorge Santos
En febrero pasado, Sandra Torres interpuso una denuncia contra elPeriódico, esto porque según ella, se le estaba violentando sus derechos como mujer, cada vez que este medio de comunicación escrita publicaba notas donde se daba cuenta de los actos de corrupción u otros hechos que de manera anómala comenten muchos miembros del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Esta no es la primera vez que elPeriódico es denunciado de manera espuria por actoras políticas en el país. Durante la presidencia de Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti interpuso una denuncia contra el Presidente del medio de comunicación, con la cual logró arraigar al periodista. La denuncia de Torres, al igual que lo hizo con los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción –FECI–, es por el delito de femicidio y en esta se acusa a 6 editores del medio de comunicación. En primera instancia, la jueza que conoció esta denuncia rechazó la misma y ordenó archivar el caso en la medida que está no se encuadraba en la Ley de Violencia Contra la Mujer, sino más bien las acciones de los periodistas y el medio de comunicación, están contenidas en Ley de Emisión del Pensamiento. Esta acertada decisión de la juzgadora fue apelada por la candidata Torres y la Sala Segunda de Apelaciones resolvió otorgarle medidas de seguridad a la denunciante, así como ordenar que el medio no pueda escribir, ni publicar nada sobre la señora Sandra Torres.
Esta estrategia, de mal utilizar una noble ley que busca proteger a mujeres de la violencia, es una muestra de la transformación de un partido político, que en sus orígenes pretendió representar los intereses de la socialdemocracia en el país y lo ha ido desnudando en sus intenciones de acallar a todas aquellas personas y organizaciones que le impiden acceder al poder público. La acción de denunciar, primero a fiscales de la FECI y luego a periodistas, se constituye en una clara muestra dictatorial y autoritaria, que tan sólo es la punta del iceberg de una candidata y una estructura partidaria que está dispuesta a todo, sin importar que sea, para por un lado impedir más investigaciones en su contra y por el otro quitar del camino a quienes consideran sus enemigos.
Si estas ilegítimas y espurias acciones son tomadas aun siendo candidata a la presidencia, de llegar al poder existe el enorme riesgo de hacer retroceder aún más los débiles avances en materia democrática y en materia de derechos humanos. Con estas denuncias, la candidata y el partido que le postula se termina de decantar por representar los intereses de la Alianza Criminal, que mantiene cooptada la institucionalidad pública y desde allí cometer los peores actos de impunidad y corrupción. De esa cuenta, el llamado es a no gastar un solo voto, para aquellos y aquellas candidatas que como Zury Ríos, Sandra Torres o Estuardo Galdámez, entre otros, retuercen la ley para garantizar sus intereses.
