El fraude de ley parece ser característico de la candidata Sandra Torres puesto que no sólo incurrió en el mismo cuando se divorció de su dominado marido para burlar, según ella, una prohibición constitucional a optar a la Presidencia, sino que en dos ocasiones ha recurrido a ese vicio al utilizar maliciosamente la llamada Ley de Femicidio para blindarse de cualquier tipo de señalamientos en su contra. Ni la investigación de la FECI era una agresión por su calidad de mujer, ni las publicaciones críticas que ha hecho elPeriódico se encuadran en los supuestos de la mencionada ley, pero aprovechando la venalidad de nuestro Sistema de Justicia ha logrado resoluciones que se pueden definir con absoluta certeza como fraude de ley.
Cualquier ciudadano está sujeto a las investigaciones penales que la autoridad competente estime pertinentes sin que el hecho de ser mujer ponga a alguien por encima de la ley. Y cualquier candidato a cargo de elección popular sea sujeto al escrutinio de la opinión pública sin que pueda violentarse la libre expresión del pensamiento simplemente alegando su condición de mujer. El ideal es que exista absoluta igualdad entre hombres y mujeres, pero evidentemente la señora Torres cree que el asunto no es así porque pretende un trato preferente para ella sobre el resto de los contendientes.
El Tribunal Supremo Electoral está obligado a garantizar igualdad de condiciones entre todos los participantes en un proceso electoral y en ningún caso debe tolerar que se establezcan condiciones preferentes para alguno de ellos, razón por la cual tiene que pronunciarse sobre el absurdo privilegio que obtiene Sandra Torres al prohibir a un medio de comunicación referirse a ella, gracias a una espuria resolución que la coloca en posición de ventaja porque nada se le podrá cuestionar.
Si esas son las vísperas imaginemos cómo serán las fiestas porque de llegar al poder podemos estar seguros de que se acaba la libertad de prensa y que moverá cielo y tierra para que nadie pueda señalarle errores, no digamos crímenes e ilegalidades a los que es tan proclive por lo visto.
Toda mujer que participa en política tiene que asumir las consecuencias de su decisión y no escudarse en su sexo para acallar a rivales y a ciudadanos de todo tipo, de la misma manera que el TSE tiene la gorda obligación de velar por igualdad de condiciones en la competencia electoral, situación que no existe en el caso de Torres por los privilegios que le otorgan las resoluciones basadas en una ley que pretende evitar discriminación.
