Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Vamos por partes. Primero, en Guatemala todos debemos rendir cuentas ante la justicia y eso aplica para todos (sin excepción alguna y en especial aquellos que sienten que su posición les garantiza una inocencia vitalicia).
Segundo, cuando los que caían presos eran solo los mareros, cristaleros, extorsionadores, un largo etcétera y gente de escasos recursos, nadie decía nada del tema de la prisión preventiva, de la insuficiencia de jueces, del secuestro de la justicia que ha provocado que en Guatemala no sea ni pronta ni cumplida y la regla es la impunidad y la excepción es la de aquellos juzgadores que batallan contra el sistema para buscar que la justicia funcione.
Pero cuando empezaron a allanar lugares en los que residimos los que hemos tenido oportunidades (una mayoría gracias a esfuerzos más honrados que una poderosa minoría) y cuando se empezaron a sentir los efectos de haber cooptado la justicia –procesos eternos en condiciones no adecuadas– entonces se pegó el grito al cielo y hasta el día de hoy se repite la cantaleta de la prisión preventiva sin que se aborde la necesidad de reformar toda la justicia. El comunicado de la Cámara de Industria tras la liberación de Carlos Vielmann es el perfecto ejemplo que no se habla de la necesidad de reformas.
Ahora y luego de que han desfilado muchas personas en tribunales y han ido a ver lo oscuro y corrupto que son nuestros sistemas Judicial y Penitenciario, la gente anda con los pelos de punta, aunque guardaron un silencio cómplice durante años cuando los perjudicados por el sistema eran otros.
Y traigo todo eso a colación, porque los que ahora aplauden esa manera en la que se está llevando a cabo el o los procesos contra Thelma Aldana, cuando se solapa o se consiente que el Gobierno quiera seguir subordinando el poder del Organismo Judicial (como ya pasó con el Legislativo), estamos tolerando un patético e ilegal precedente que el día de mañana el Estado fomentará y ejecutará contra quien considere como “enemigo del Estado” (valga la redundancia).
Que a un juez lo protejan quienes han pactado “ver presa” a la ex Fiscal General a quien no le perdonan muchas cosas, es un síntoma de un Estado al que no solo no le importa volverse represor, sino que además empieza a perder las formas. Eso ya lo vimos con la limpieza social que tanto daño nos ha hecho.
No se me olvida lo que me dijo un don, cuyo pelo ya pinta unas canas: “Me di cuenta de lo que había hecho cuando a mi hijo lo mataron de la misma manera en la que alguna gente pactó y pagó para que asesinaran a los ladrones del barrio. Me di cuenta que quien a hierro mata, a hierro puede morir”.
Sabias palabras que ahora traigo a colación porque incentivar las ilegalidades del Estado es apoyar un sistema que luego nos lo hará a nosotros. A usted le pueden caer mal Aldana e Iván Velásquez, pero los procesos que iniciaron los hicieron en el marco de la ley y dentro de los maltrechos procesos y tiempos que tiene el sistema que muchos, dicho sea de paso, se negaron a reformar de manera inexplicable en el 2016.
Hay una miopía de algunas de nuestras élites y no se están dando cuenta de dos cosas: que labran la estaca en la que los sentarán y que al haber desmantelado todo, se han asegurado que no existan mecanismos de defensa para cuando los más sanguinarios quieran cobrar lo que perdieron por los avances de la justicia.
