Ayer se publicó como chisme que el juez Víctor Manuel Cruz Rivera, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, habría recibido transacciones que generaron sospechas entre los investigadores de agencias que siguen la pista del lavado de dinero, extremo que será imposible probar e investigar sin la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tomando en cuenta que de ser cierta la publicación, el Ministerio Público llamado a hacer las investigaciones pertinentes sería el beneficiado precisamente por la resolución del juzgador en el caso polémico de la exfiscal general Thelma Aldana.
El sentido de tener una comisión internacional con investigadores extranjeros independientes era evitar esas situaciones en las que los vínculos existentes entre distinto tipo de funcionarios hacían imposible que se pudiera avanzar en la lucha contra la impunidad.
El mencionado juzgador ha conocido casos sumamente polémicos que involucran a personajes de variado nivel y muchas de sus resoluciones han generado polémica, pero obviamente quien atendió con diligencia y prontitud la solicitud planteada por el Ministerio Público para capturar a Aldana e impedir su participación electoral no va a ser objeto de ninguna investigación seria. Y es que se sabe que el mencionado juzgador estuvo asignado durante algún tiempo a los tribunales en Jalapa, territorio en el que impera aún la ley de Mario Estrada, de quien algunos comentan que el abogado Cruz Rivera se hizo muy amigo durante ese tiempo.
Tanto los vínculos con Estrada como la posible existencia de transacciones que generan sospechas no se pueden investigar porque, repetimos, el mismo Ministerio Público ha sido de los beneficiarios de las resoluciones de juez Décimo de Instancia Penal y por lo tanto deberemos resignarnos a que todo quede nada más como otro de los tantos chismes que se publican sin que pueda avanzarse en el esclarecimiento de los hechos por las carencias y situaciones existentes en el ente a cargo de la investigación penal, en donde los fiscales marchan al ritmo y en la dirección que ordena la Fiscal General de la República.
Estamos viviendo, pues, otra situación en la que se demuestra la enorme importancia que tenía la labor de la CICIG en Guatemala y el efecto que tiene la expulsión ordenada por el Presidente de la República en abierta desobediencia a la Corte de Constitucionalidad, situación que tampoco ameritó ninguna acción del Ministerio Público no obstante la flagrancia del delito de desobediencia. Nunca sabremos si existieron esas transacciones ni si el Juez Víctor Cruz mientras estuvo destinado en Jalapa estableció vínculos con Mario Estrada.
