Claudia Escobar
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
A mediados del año 2016, cuando empecé a publicar en este espacio, como muchos, tenía la esperanza que el nuevo presidente electo cumpliría con sus promesas de campaña, dando un nuevo rumbo al país. Pero el gobierno de Jimmy Morales provocó un debilitamiento institucional sin precedentes y su gestión elevó los niveles de conflictividad de la sociedad guatemalteca.
Estamos de nuevo inmersos en un proceso electoral lleno de incertidumbres. Abundan las opciones de candidatos presidenciales, pero faltan propuestas que presenten un plan serio sobre cómo transformar la realidad en que nos encontramos. Además, no existe certeza jurídica sobre quienes podrán participar en la elección. Entre antejuicios, nulidades, amparos y demás recursos legales, es posible que los candidatos con mayor popularidad queden fuera de la contienda electoral.
El arresto de Mario Estrada, candidato a la Presidencia por el partido UCN, pone el dedo en la llaga de un problema por todos conocido: el financiamiento electoral ilícito. Estrada no es un novato en la política, desde la época de Alfonso Portillo ha estado en la escena pública y su partido político tiene varios adeptos en el interior del país.
Su caso evidencia dos asuntos muy delicados: Primero que algunos políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar a ser electos, incluso asesinar a sus contrincantes; Segundo que las redes del narcotráfico y crimen organizado tienen una injerencia directa en la política del país. El proceso electoral solamente garantiza la continuidad de un sistema que ya está colapsado.
Sumado a lo anterior, este año el Congreso debe elegir a magistrados de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. El proceso de elección de magistrados es un mecanismo que facilita la designación de abogados por compadrazgos con los políticos de turno. En los últimos años se evidenciaron los vínculos de algunos magistrados con redes de corrupción. Muchos de los procesos penales aún están en trámite en los tribunales y el interés de controlar las cortes será una prioridad de los grupos de delincuentes que operan libremente en el país.
Me niego a creer que Guatemala está condenada al fracaso, pero existen enormes desafíos para que el país pueda salir adelante. Se requiere de reformas institucionales profundas y de procesos que permitan que los funcionarios sean designados por su capacidad y su solvencia ética. Solo en la medida que ciudadanos honestos, comprometidos con el régimen de legalidad se involucren en el quehacer público, podremos construir una sociedad que permita sentar las bases para que el país avance y se desarrolle.
Durante tres años tuve la oportunidad de compartir con los lectores de este diario vespertino, mis inquietudes sobre el futuro de nuestro país y mi opinión sobre la ruta que debiéramos tomar para poder avanzar en la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Lamentablemente, debido a compromisos profesionales, me es imposible continuar aportando mi perspectiva sobre el acontecer nacional. Por eso, deseo aprovechar esta columna para agradecer al Consejo Editorial del Diario La Hora el espacio que me brindaron para publicar mi opinión regularmente. Gracias también a los lectores por su tiempo y sus comentarios. Ha sido para mí una forma de contribuir en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática.
