Jorge Morales Toj
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El reciente escándalo nacional e internacional, por la captura del señor Mario Estrada en los Estados Unidos, pone en relieve el tema del financiamiento electoral ilícito y demuestra la vulnerabilidad en que se encuentra nuestro sistema electoral.
El hecho de que políticos guatemaltecos, estén buscando el financiamiento ilícito para su campaña, demuestra lo que en una ocasión el comisionado Iván Velásquez acertadamente dijera: “el pecado original de la democracia guatemalteca era el financiamiento electoral ilícito”, porque con ello, prácticamente se incentiva a los poderes fácticos a la captura del Estado, situación que se da con la complicidad de los partidos políticos. Hoy, Mario Estrada confirma esa hipótesis.
El Tribunal Supremo Electoral debe hacer una revisión minuciosa de las finanzas de los partidos políticos, ya que seguramente habrá financistas ilegales que querrán en el futuro seguir con la cooptación del Estado y lo más grave de todo, es que posibles recursos ilícitos trasnacionales estén financiando a partidos políticos y a candidatos a puestos de elección popular.
Debemos estar atentos a las resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral emita en el caso de Mario Estrada. Muchos dirán que es una injerencia extranjera y que no debería pasar nada, otros apelarán a la aplicación de los principios constitucionales de idoneidad y honorabilidad. Tremendo reto para el TSE.
Sin embargo, el reto mayor lo tenemos los ciudadanos, que el 16 de junio iremos a ejercer nuestro sufragio. Y en nuestras manos está la decisión de aplicar en práctica criterios de idoneidad para poder elegir a los nuevos gobernantes a nivel municipal, departamental y nacional.
Recientemente en una carta publicada en varios medios de comunicación, el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, escribió que Estados Unidos había rescatado a Guatemala de la posibilidad de convertirse en un narcoestado, esa aseveración es gravísima, porque pone en el ojo del huracán la fragilidad de nuestro sistema democrático. En otro apartado de la carta del exembajador, con mucha autoridad expresa, que el Gobierno de los Estados Unidos debe continuar su apoyo a la democracia en Guatemala, fortaleciendo a las instituciones públicas de justicia y fortaleciendo a la sociedad civil, para garantizar el Estado de Derecho y un sistema político transparente.
El caso de Mario Estrada nos debe llevar a la sociedad guatemalteca a exigir reformas institucionales profundas, reformas que garanticen que nuestro sistema político partidario no siga siendo capturado o cooptado por el crimen organizado. No cabe la menor duda que es impostergable una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para hacerla más contundente y de esa manera se garantice la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos.
Una eventual reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos deberá realizarse con la más amplia participación de los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, asimismo, deberá desarrollarse atendiendo a las demandas ciudadanas en favor de la transparencia y la fiscalización.
No podemos esperar más, urge una nueva reforma profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para garantizar transparencia e independencia de los poderes fácticos.
