Ha sido impresionante la cantidad de accidentes reportados en los que se involucran buses del transporte extraurbano y los daños personales provocados por esos percances son elevados, lo que debiera obligar a un detenido análisis de las condiciones de vialidad en el país y, sobre todo, de cómo es que obtienen licencias tipo A de conducción todas esas personas que han estado al volante en cada uno de los numerosos incidentes con consecuencias muchas veces mortales.
Los usuarios se quejan de las altas velocidades que desarrollan las unidades en carreteras generalmente en mal estado y de la notoria falta de pericia de los conductores y eso lo puede comprobar cualquiera fácilmente porque ocurre en todas y cada una de las vías por las que transitan. Se continúa con el famoso pleito por el pasaje que hace que se ignoren elementales normas de seguridad porque lo importante es adelantar a como dé lugar a las unidades de la competencia, pero en términos generales se puede hablar de dos factores que inciden, y mucho, en esa extrema inseguridad vial que padecemos.
Y se trata de la corrupción que persiste y que permite no sólo la circulación de buses en mal estado, sino de buses conducidos por personas sin la capacidad necesaria para hacerse cargo de la vida de tantos pasajeros. Basta pagar una mordida para que sea extendida una licencia de conducir sin que exista registro de exámenes exigentes para establecer la capacidad de los solicitantes. Pero además está la impunidad que se manifiesta simplemente con que rara vez se da con el conductor responsable de los percances porque los partes generalmente indican que el piloto se fue del lugar de los hechos y eso significa que nunca será sometido a proceso para castigar cualquier responsabilidad existente.
Eso deja a los usuarios del transporte en un auténtico estado de indefensión y es parte de esa notoria ausencia del Estado que tanto daño hace en Guatemala porque la autoridad simplemente se desentiende de sus principales y verdaderas obligaciones. Las Direcciones Generales con competencia en la materia no se asignan a personas experimentadas y con estudios sino al mejor amigo o compadre porque se sabe que esos puestos son una viña por los ingresos ilegales que pueden significar. Nadie está pensando en políticas que permitan exigir capacidad a los pilotos porque, al fin y al cabo, a los directores tampoco se les exige capacidad sino astucia para generar ingresos ilegales que se comparten y reparten con la cadena de mando de acuerdo a la ya larga tradición.
