POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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El Pacto Ciudadano, conformado por distintas organizaciones, manifestó su preocupación por la manera en que se están desarrollando las elecciones generales e hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a mantener una apertura ante las distintas expresiones sociales que buscan arropar este proceso electoral y evitar que el mismo sea catalogado de “ilegítimo o ilegal”.
En un comunicado de prensa, el Pacto Ciudadano resaltó varios hechos que se han dado durante este proceso electoral, uno de ellos concierne a los ataques en contra del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
“Ante los ataques que se han hecho públicos en contra de Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como parte de los puntos de No Retorno que el Pacto Ciudadano defiende, demandamos la protección del Ministerio Público y de las autoridades del gobierno”.
Asimismo, señalan su preocupación por las contradictorias interpretaciones del TSE sobre los criterios que ha aplicado para inscribir a candidatos a elección popular, sobre todo con diputados tránsfugas o contratistas del Estado.
“Es nuestro interés apoyar al TSE en esta función trascendental por lo que hacemos un llamado al adecuado monitoreo de lo que se establece en la nueva normativa electoral”, indica el comunicado.
Además, expresan que les produce inconformidad la decisión del TSE de determinar que solamente se podrá emitir el voto en el extranjero en cuatro Estados de Estados Unidos, por lo que excluye a una gran cantidad de connacionales.
“El llamado al TSE es a mantener una apertura ante las distintas expresiones sociales que buscan arropar este proceso electoral y que de esta forma se evite ser catalogado, como pretenden algunos, como ilegítimo o ilegal”, puntualizan.
¿QUÉ ES EL PACTO CIUDADANO?
El Pacto Ciudadano fue presentado el pasado 25 de marzo. Está integrado por al menos 15 plataformas ciudadanas, que busca crear acuerdos entre ciudadanos y políticos en el país con el fin de construir una serie de puntos para definir los principios de la buena política y proteger los avances logrados y evitar el retroceso del Estado de Derecho.
Está conformado por entidades que surgieron en el marco de la lucha contra la corrupción, autoridades ancestrales, organizaciones campesinas, religiosas y otros colectivos sociales.
