Por Jorge Santos
Desde hace años se ha gestado una estrategia que pretende deslegitimar por medio de la desinformación, el escarnio público y la denuncia penal a personas que resisten al orden constituido por lo que luchan, es decir por conocer la verdad para acceder a la justicia, tanto de eventos del pasado como en casos actuales de corrupción e impunidad. Es una campaña impulsada en medios que incluye programas televisivos, libelos insertos en medios de comunicación, así como redes sociales. Todos coinciden en mensajes cuyo común denominador es el discurso de odio que en pleno siglo XXI replican los discursos de grupos paramilitares en décadas pasadas. De forma similar la estrategia de Terror de Estado, se replica por grupos de interés y organizaciones que criminalizan y estigmatizan a jueces, fiscales, embajadores, defensoras y defensores de derechos humanos, partidos políticos y otros que se oponen a sus intereses sectarios y espurios.
A esta estrategia se han sumado los funcionarios del más alto nivel de gobierno, incluyendo al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación y la Canciller. Aprenden y replican también la lección funcionarios de menor rango desde Aeronáutica Civil, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, entre otros. El uso de términos trasnochados como: cerdos comunistas, guerrilleros, terroristas, hippies y otras expresiones peyorativas para referirse a personas en sus publicaciones estila ignorancia, odio, clasismo, xenofobia, racismo. Se extralimitan en el uso de la libertad de expresión. Este discurso infundado se torna aún más violento al hacer llamados para eliminar a quienes defienden derechos humanos, al deslegitimar la voz de quienes defienden las justas demandas de los pueblos, al proclamar el derecho a la democracia, la diversidad y la equidad. Es la función del discurso de odio justificar las demandas judiciales y deslegitimar la voz de quienes tienen peso e influencia con fundamento político, social y hasta científico en la opinión pública.
Tan solo en 2018 Udefegua reportó un total de 162 casos de criminalización, incluyendo actos de difamación, denuncias penales espurias e infundadas, detenciones arbitrarias y/o ilegales. Muchos de estos actos de difamación encabezados por el Presidente de la República y por el Presidente del Congreso de la República en discursos en los que acusaron a organizaciones de defensa de derechos humanos de ser terroristas y delincuentes. Este discurso cargado de odio y de estigmatización ha producido asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, así como denuncias penales y privación de libertad de muchos y muchas.
Al final de cuentas la estrategia de difamación y criminalización promete ser una farsa más terrorífica que la tragedia original. Pone en riesgo los débiles y pocos avances en materia de seguridad ciudadana y asistencia social que en el marco de la democracia hemos alcanzado como sociedad. Es urgente que de la sanción moral establecida por el Procurador de Derechos Humanos, se pase a la sanción penal en tanto la misma está plagada de delitos.
