Víctor Ferrigno F.
La Democracia (así con mayúscula) no se reduce al proceso electoral, debe garantizarle la vida al ciudadano, así como la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Eso es lo que postula nuestra Carta Magna y hacia esa meta deberíamos avanzar, pero caminamos en sentido contrario.
Desde hace décadas, he sostenido en mis escritos que en Guatemala hay libertad para votar, pero no para elegir. Es decir, las opciones electorales son pobres, poco convincentes y carentes de contenido. Pero en estos comicios la judicialización de la política ha acentuado la debilidad de nuestra Democracia electoral, incrementando la incertidumbre, pues las tres candidatas punteras tienen problemas legales y su postulación es dudosa.
Zury Ríos tiene impedimento constitucional para candidatearse, y todo indica que la Corte de Constitucionalidad hará valer tal limitación. La Fiscal General parece haberse prestado a un peligroso juego político-judicial, al haber esperado cinco meses para procesar a Sandra Torres, hasta que quedó inscrita, y gozaba de antejuicio. A contracorriente, corrió para enjuiciar a Thelma Aldana, antes de que quedara en firme su inscripción. Todo ello, insisto, dio lugar a un entramado de acciones legales que deja al elector en una total incertidumbre.
El colmo es que Sandra Torres haya acudido al impresentable e intervencionista de Almagro, en la OEA, para quejarse por la supuesta intromisión de la CICIG en el proceso electoral, porque la investigan judicialmente. Es risible que Torres pida la intervención de la OEA, por la supuesta intervención de la ONU en los comicios. Internacionalmente ha hecho el ridículo, pues el mundo entiende que la CICIG la investiga desde el año pasado, por presuntos delitos electorales.
Hace poco tiempo, un abogado presentó una acción legal contra el partido Semilla, alegando que copió el símbolo de la UNE. Dijo hacerlo a título personal, pero es evidente que fue por encargo. Siguiendo esa indeseable línea de acción, el desprestigiado Movimiento Cívico Nacional accionó contra la inscripción del diputado Leocadio Juracán, sindicándolo de tránsfuga, aunque el TSE lo inscribió porque no renunció al partido Convergencia, aunque ahora lo postule Winaq, por lo que su accionar no encaja en el tipo penal del transfuguismo.
Abundan los ejemplos que desvirtúan la contienda electoral, y pretenden que sean los tribunales y no los electores quienes decidan sobre las candidaturas. Obviamente, no abogo por la impunidad; solamente sostengo que se está desvirtuando el proceso electoral. Lo curioso es que las fuerzas más cuestionadas por corrupción e impunidad, sean las que abusan de la acción judicial.
En otro orden de ideas, hay que recordar que la Democracia real requiere de una base material para desarrollarse. En este contexto de creciente pobreza, mayor hambruna y progresiva inseguridad pública, la ciudadanía no puede ejercer libremente su poder soberano, eligiendo al candidato de su preferencia, pues al indígena discriminado, al trabajador explotado y a la mujer violada esta simulación de Democracia no le garantiza nada.
Evidentemente, necesitamos hacer una profunda reingeniería del sistema político-electoral, para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario, para definir un nuevo modelo de Estado y de Democracia, sin exclusiones, sin impunidad, sin injusticias, sin corrupción.
Tal vez por estas complejidades Sir Winston Churchill sostenía, irónicamente, que “la Democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”.
